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El ente de control solicitó al Tribunal declarar que la CAR incumplió sus obligaciones legales definidas en tres resoluciones de noviembre de 2018.
La Procuraduría General de la Nación le solicitó al Tribunal Administrativo de Cundinamarca que ordene a la CAR iniciar la ejecución de medidas preventivas decretadas en noviembre de 2018, para que se suspendan todas las actividades de construcción en la Reserva Forestal Protectora del Bosque Oriental de Bogotá.
A través de tres acciones de cumplimiento, el Ministerio Público advirtió que “no basta con decretar la medida preventiva mediante acto administrativo para prevenir o impedir: la ocurrencia de un hecho, la realización de una actividad, la existencia de una situación que atente contra el medio ambiente; sino que estas medidas requieren ser ejecutadas y materializadas”.
Así las cosas, el ente de control solicitó al Tribunal declarar que la CAR incumplió sus obligaciones legales definidas en tres resoluciones de noviembre de 2018, que impusieron la suspensión inmediata de obras de construcción en esa zona que hace parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas.
Así mismo, requirió a la corporación judicial ordenar que, en el término de 48 horas, la CAR cumpla los mandatos establecidos en las resoluciones que imponen medidas preventivas de suspensión de obras en los predios El Descanso, Popayán, y El Tambo, ubicados en la localidad de Chapinero.
La Procuraduría recordó que las medidas preventivas son de ejecución y producen efectos inmediatos, como lo establece el artículo 32 de la Ley 1333 de 2009.
El órgano de control promovió incidente de desacato contra las entidades responsables del cumplimiento de la sentencia del Consejo de Estado, que prohibió nuevas construcciones en esa área protegida.
La misiva tiene la firma de personalidades como Adolfo Meisel y Cecilia López y enuncia seis frentes de trabajo
La solicitud se hace en vista de que "las decisiones sobre quiénes tendrán la responsabilidad de proteger al presidente electo, deben responder a la política de seguridad que se definirá"
El gremio explicó que existe una serie de riesgos asociados a la puesta en marcha del nuevo procedimiento a partir del 1 de julio
