"Por problema coyuntural de tarifas, no se puede poner en riesgo servicios públicos"

Luego de conocerse el borrador de la reforma a los servicios públicos que le daría facultades de regulación al presidente Gustavo Petro, la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones, Andesco, lanzó una serie de alertas de riesgos para el sector.

El borrador se trabajó bajo la dirección de la Superintendencia de Servicios Públicos para reformar la regulación y operación de los servicios públicos.

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A través de un comunicado la Asociación nacional de empresas de servicios públicos, señaló que lo avanzado en el borrador del texto de la reforma, perjudica el modelo actual que consistía en la participación igualitaria de empresas públicas, privadas y mixtas.

“Al ser conocida la última versión de este texto se siguen dando pasos atrás sin tener en cuenta aspectos fundamentales que desde el gremio se habían señalado. Este es un proyecto que desconfía de la estructura regulatoria que tiene el país y prácticamente quiere abolirla”, señaló Camilo Sánchez Ortega, presidente de Andesco.

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Según la interpretación de la modificación del artículo 72A a la Ley 142 de 1994, la regulación de los servicios públicos quedaría a cargo del presidente.

"Las atribuciones que se le conceden al presidente de la República como directo regulador ya que las decisiones de las comisiones reguladoras con sustento técnico podrían ser reemplazadas por prioridades de carácter político. Además esta medida es contraria a la decisión recientemente adoptada por el Consejo de Estado que decretó la suspensión provisional del decreto de reasunción de funciones regulatorias por parte del Presidente", señaló Sánchez.

En cuanto a los ministerios tendrán la facultad para reglamentar la promoción del desarrollo de nuevas tecnologías para la prestación de los servicios públicos. El mismo texto señala que el presidente, gobernador o alcalde, según se determine, escogerán a los miembros de las juntas directivas de las empresas del Estado de los servicios públicos.

“Bien lo mencionó un exfuncionario del Gobierno actual, en este como en los demás proyectos de reforma hay una desconexión entre ideales y practicidad. Lo que terminaría sucediendo es que prestar servicios públicos en Colombia se vuelva muy difícil pues, entre otras cosas, la inseguridad jurídica desincentiva la inversión. Es imperativo seguir dialogando para construir sobre lo construido", concluyó Sánchez Ortega.