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Guardianes, Starcoop, Cobasec; Centinel; Expertos; Insevig; Sejarpi; y Security Management Group, son las firmas sobre las que recae la investigación por la presunta cartelización empresarial (colusión o acuerdos anticompetitivos) en 252 procesos de contratación pública, adelantados ante 149 entidades estatales en todo el territorio nacional durante 2010, 2011 y 2012 (periodos en los que la colusión se tipificó como delito).
Según la investigación, las presuntas cartelistas terminaron participando en unas 100 licitaciones y lograron ganar 25 de ellas por un valor superior a $63.000 millones.
Adicionalmente, la Superindustria formuló pliego de cargos contra 32 personas naturales, entre accionistas, administradores, empleados y exempleados de las mencionadas sociedades y cooperativas de seguridad privada.
En el caso que el proceso termine declarando que existió violación a las normas de libre competencia, la Superintendencia, además de adoptar medidas para que cesen las conductas anticompetitivas, puede imponer multas a las personas jurídicas que infrinjan las disposiciones de prácticas restrictivas de la competencia, hasta por $64.435 millones por cada infracción. Las personas naturales que actúan como administradores de quienes infrinjan esas disposiciones, recibirían sanciones hasta por $1.288 millones.
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