Plan Nacional de Desarrollo, salvado por senador de Cambio Radical

Faltaban apenas unos cinco minutos para que el presidente de la Comisión Tercera de la Cámara, Óscar Darío Pérez, llamara a lista por última vez a los congresistas de las comisiones económicas conjuntas para poder iniciar la votación del informe de ponencia del Plan Nacional de Desarrollo, cuando por la puerta del Salón Elíptico entraba con paso firme el senador de Cambio Radical Luis Eduardo Díaz Granados (del clan Char), quien aterrizaba minutos antes en la capital del país procedente de Valledupar donde su bancada tenía en horas de la mañana una reunión.

Luego de cuatro horas de espera, la llegada de Díaz Granados, miembro de la Comisión III del Senado, completó el quórum decisorio en las cuatro comisiones económicas. 20 minutos antes también había llegado el liberal Mauricio Gómez Amín. Sin embargo, faltaron a la cita otros nombres como el de Gustavo Bolívar, de los Decentes, o Richard Aguilar, de Cambio Radical.

De este modo, se eliminaba la posibilidad de que el Gobierno tuviera que aprobar por decreto dicha iniciativa legislativa, un miedo que empujó a varios miembros del Gobierno a hacer presencia en el recinto a manera de apoyo. Entre ellos estaba el ministro de Vivienda, la de Educación, el de Ambiente, la de Trabajo, la de Minas y Energía y la de las TIC. Igualmente, acudieron otros como el director del Dane y el superintendente de Industria y Comercio.

Después de votar el informe de ponencia del Plan, se decidió que todo el articulado se votaría en bloque. Primero, se aprobó un primer grupo conformado por 94 artículos que no tenían proposición entre los que se encontraban algunos como el 300 en el que se establece el modelo de becas por impuestos.

Más tarde, se procedió a eliminar de la ponencia 10 artículos entre los que estaban algunos como el del desmonte de los subsidios de energía para el estrato 3, el del impuesto al consumo a los licores, el de las facultades extraordinarias iniciales del Presidente y el 119 con el que el Gobierno iba a establecer un mecanismo de cobertura para cubrir el riesgo del incremento que podrían tener las pensiones cuando el aumento del salario mínimo fuera superior a la inflación.

De esta manera, pasaron directamente sin discusión algunos artículos como el de los aranceles textileros que se habían incluido a última hora o el cobro de una sobretasa de $4 por kilovatio hora a las personas de los estratos 4, 5 y 6 en todo el país.

También quedaron intactos otros como el del piso mínimo de protección social, el del fondo de estabilización del café, la ley de punto final para el sector financiero o el de la cédula rural.

En adelante, aprobaron otros 163 artículos que no tenían aval del Gobierno y que quedarían como constancia en el debate de plenarias y otros 21 que sí lo tenían. Sin embargo, al cierre de esta edición quedó pendiente de analizar el 35 que es el de la unificación del presupuesto de inversión en el Ministerio de Hacienda.