Persisten riesgos de politización del programa

Con el inicio de las campañas de los candidatos al Congreso y la Presidencia de la República vuelve el debate por la utilización de programas como Familias en Acción para obtener beneficios políticos.

Y es que para algunos el número de familias inscritas al programa se convierte en potenciales votantes fáciles, pese a los esfuerzos tanto del Ejecutivo como del Legislativo para blindarlo de los riesgos preelectorales.

En ocasiones anteriores se ha evidenciado un aumento de los censos en época de comicios, de acuerdo con la contralora general de la República, Sandra Morelli Rico.

Así mismo, un informe de la ONG internacional Global Exchange encontró coincidencias en los municipios donde había alcaldes del Partido de La U, pues el número de familias creció 300% y su votación triplicó a la del Partido Verde en la segunda vuelta presidencial de los comicios de 2010.

Germán Nova, profesor de la Universidad Nacional, indica que Familias en Acción se ha utilizado más como un instrumento político. “En la última campaña presidencial, este fue un tema de mucho debate, se generó un ruido de que Antanas Mockus quería acabar el programa. Finamente, se utilizó para lograr votos encausando estos programas asistencialistas”.

Un estudio del investigador de la Universidad de Los Andes Oskar Nupia muestra que la distribución de los cupos de las familias coincidía con los municipios más afines al Gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Con el rediseño del programa en 2012 y la ley aprobada en el Congreso se busca reducir los peligros en el proceso garantizando que todas las familias vulnerables puedan acceder a él.

Cecilia López
La exdirectora de Planeación Nacional dice que Familias en Acción ha sido sin duda una de las políticas más utilizadas para ganar votos en las elecciones. “En los comicios anteriores se utilizó y por eso su alto riesgo para esta nueva época”. López afirma que no solo ha sucedido así en Colombia, también ocurrió en México. “Por eso las recomendación es que este programa, con el fin de que no esté en peligro, sea a corto plazo, con tiempos cíclicos, para que su etapa sea definida y no esté durante un proceso electoral”. También critica que quienes hoy están cobijados con el subsidio lo han estado desde hace diez años, lo que los convirtió en “pobres de profesión”.

Carlos Zuluaga
El contralor delegado para la Participación Ciudadana, Carlos Zuluaga, asegura que persiste el riesgo de que en épocas preelectorales se incrementen desproporcionalmente los censos de las familias beneficiadas por este programa en municipios y departamentos. Dijo que hay la posibilidad de que “esa asignación no tenga unos criterios de selección controlados, lo que permita una selección a dedo, sin tener en cuenta los criterios de pobreza y vulnerabilidad”.

De acuerdo con la evidencia recolectada en las elecciones de 2010, el principal problema radica en las irregularidades con los administradores del Sisben.

Alberto Naranjo
Para el Director de Economía y Finanzas de la Universidad de La Sabana, este programa que en principio se pensó para ser de corto plazo, “ha sido utilizado por presidentes de turno como una estrategia política que busca atraer votos manteniendo a las familias vinculadas”. Naranjo dice que ningún gobierno ha decidido hacer un estudio sobre el impacto que tendría en las familias vinculadas que este programa social dejara de existir. “En Colombia no se ha pensado si ha generado un cambio de pensamiento de las familias para autosostenerse o si es el Estado el que por esta política constante los mantiene alejados de la pobreza, pero, ¿después del programa, qué pasa?”

Juan Lozano
El senador Juan Lozano, quien promovió el proyecto para que el programa tuviera una ley, reconoció que antes las madres eran vulnerables a que su permanencia en Familias en Acción dependiera de favores políticos. “Los criterios no estaban regulados en ley, entonces traficaban un poco con ellas y se corría el riesgo de que les dijeran: te quedas en el programa pero sí apoyas a este dirigente”. Sin embargo, tras la aprobación del proyecto, quienes definen quiénes se quedan o se van del programa “son las estadísticas”.

Según el congresista, la política es positiva porque hay familias que realmente no tienen cómo sobrevivir y estos subsidios les ayudan a mejorar la calidad de vida.