De materializarse la idea, la compañía tendría un portafolio de 25 hidroeléctricas con las que se podría negociar.

Kevin Steven Bohórquez Guevara - kbohoquez@larepublica.com.co

Con el objetivo de evitar posibles pleitos legales, que se podrían prolongar hasta por 20 años, el saliente gobernador de Antioquia, Luis Pérez, le solicitó a la junta directiva de EPM, en cabeza del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, comprar la totalidad de Hidroituango. A través de una carta, el mandatario propuso que dicha compañía adquiera 52,8% de la participación accionaria que tiene el departamento en el proyecto. La razón, según él, para salvar la obra, disminuir los riesgos y evitar futuros posibles litigios.

Para lograr esa transacción, la Gobernación sostuvo que EPM podría hacer la entrega total o parcial de alguna de las hidroeléctricas que hoy están en operación. Así, con los bienes recibidos, el Instituto para el Desarrollo de Antioquia (Idea) estaría dispuesto a “crear Empresas Públicas de Antioquia, de la cual EPM podría ser socia”.

“Si uno empieza a ser proyecciones financieras a futuro, hay unas secuelas muy peligrosas para EPM, porque como son contratistas deben pagar todos los daños (...) Los riesgos desaparecerían porque eso quedaría involucrado dentro del patrimonio de EPM”, explico Pérez.

Pese a que aún no hay un pronunciamiento oficial de la junta directiva de EPM sobre dicha propuesta, lo cierto es que de materializarse la idea la compañía tendría un portafolio de 25 hidroeléctricas con las que se podría negociar. Entre ellas se encuentra el embalse de Guatapé, Guatrón, La Tasajera, Porce I y III, y la central Playas, entre otras.

“La participación accionaria de la Sociedad Hidroituango está divida en tres: el Idea y la Gobernación tienen 52,89%, EPM tiene 46,33% y los accionistas minoritarios menos de 1%. Hacer la valoración depende mucho del precio de la energía, y las inversiones que se han hecho en el proyecto. Pero eso sería especular mucho”, aclaró Gustavo Jiménez, gerente de la Sociedad Hidroituango.

La propuesta que se lanzó por parte de la Gobernación estableció igualmente que con esto se podrían economizar cerca de $3,5 billones. El dinero sería por cláusulas penales contra la empresa que sumarían una deuda de $1,5 billones, sanciones por $1,3 billones durante los cuatro años que demoraría en terminarse el proyecto y $780.000 millones por un contrato de estabilidad jurídica entre 2013 y 2018.

Por ahora, el gobernador electo de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa, aseguró que “la propuesta es en primer lugar extemporánea, en segundo lugar confusa y esto llega a un grado que yo califico como un galimatías”.