MI SELECCIÓN DE NOTICIAS
Noticias personalizadas, de acuerdo a sus temas de interés
Autoridades por el momento creen que son necesarios $5.000 millones para recuperar la infraestructura afectada.
Hace una semana, el sábado 6 de enero, Apartadó, Chigorodó y Carepa, amanecían en medio de una tensa calma luego de tres días de protestas y manifestaciones violentas, que dejaron además de escombros y edificaciones afectadas, grandes pérdidas para el comercio de la región del Urabá.
Las consecuencias directas se evidenciaron más en la destrucción de dos administraciones locales, Chigorodó y Carepa, y la quema de vehículos en la de Apartadó.
Jesús María Parra, secretario de Hacienda de Chigorodó, detalló que las afectaciones generadas por el incendio son irremediables y, por ello, tienen planeado construir una nueva sede administrativa cerca al actual parque educativo.
“En una primera revisión, planteamos que se necesitarán al menos $5.000 millones para la nueva infraestrucura, incluida la dotación”, contó Parra, quien agregó que, además, se perdió una gran cantidad de archivos oficiales.
Leanys Yepes, secretaria de Gobierno de Apartadó, aseguró que cuatro carros y 19 motos de la administración, sumados a otros 7 vehículos particulares, fueron quemados.
Además, 87 semáforos quedaron destruidos y su reparación implicará $200 millones, más $42 millones que requeriría arreglar los daños en la administración local.
La administración de Carepa, otro de los municipios donde hubo alteraciones del orden público, informó que las pérdidas superan $300 millones, representadas en los daños en las instalaciones e insumos de la alcaldía, algunas secretarías y el Concejo Municipal.
Comercio se recupera
La industria bananera fue una de las más afectadas, pues solo una, de las 326 fincas dedicadas a esta fruta, trabajó sin complicaciones, lo que afectó la recolección del producto y por ende, la exportación de este.
Juan Esteban Correa, gerente de Biopalma, aclaró que aunque siguen en la contabilización de las pérdidas, la cifra estimada alcanza los $600 millones. “Cerca de 900 empleados no trabajaron. Lo que más nos preocupa fue incumplirles a los clientes, pues la palma no perece muy rápido”, contó Correa y agregó que para mitigar las consecuencias han aumentado la frecuencia de los envíos y extendido los turnos de trabajo.
Esta reacción por parte del mandatario se da luego que la Andi enviara una carta a la Corte Constitucional para declarara inexequible el decreto de la emergencia económica
La entidad resaltó que con la capacidad instalada en operación, las empresas del Grupo ahorraron alrededor de $288.000 millones
De acuerdo con estimaciones de la entidad, la deuda retomaría su senda creciente y llegaría a 60,3% del PIB al finalizar el año
