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El organismo de apelaciones de la Organización Mundial de Comercio ratificó una decisión previa, argumentando que los aranceles que aplicaba Colombia eran más altos de los permitidos por las reglas de la OMC, y que pese a que estaban diseñados para combatir el lavado de dinero, no era necesario hacerlo.
Colombia había argumentado que la importación de los bienes constituía un "comercio ilícito" porque habrían sido adquiridos a precios artificialmente bajos para lavar dinero y que debería compensar la situación con un arancel más elevado que el permitido en su acuerdo con la OMC.
Panamá llevó el caso ante la OMC en 2013, luego de haber presentado previamente dos demandas en contra de su vecino. Colombia llegó a un acuerdo para cerrar la primera disputa fuera de cortes en 2006 y Panamá ganó en el segundo litigio en 2009.
Colombia presentó la apelación en noviembre del 2015, cuando un panel de tres mediadores consideró que el argumento del lavado de dinero era un pretexto y respaldó la queja de Panamá respecto a que el arancel, consistente en una tasa fija de 10 por ciento más un componente variable, superaba el máximo de entre 35 y 40 por ciento permitido para esos bienes.
El fallo del martes de la OMC, que es final, es el segundo de este año sobre Panamá, que está bajo escrutinio global por la enorme filtración sobre datos de cuentas en paraísos fiscales de personas vinculadas al bufete Mossack Fonseca.
En abril, el organismo de apelaciones de la OMC desechó una queja de Panamá por los esfuerzos de Argentina por combatir supuestas prácticas de evasión fiscal.
Panamá había acusado a Argentina de discriminar a quienes ofrecen servicios financieros basándose en "los países que cooperan en temas tributarios".
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