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José Ignacio López, presidente de Anif.
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Señalan que vulnera el procedimiento constitucional y legal, que establece la aprobación previa del Senado como requisito habilitante para una consulta popular de origen gubernamental
Después de que el presidente Gustavo Petro anunciara que iba a decretar la convocatoria de la Consulta Popular, el expresidente Álvaro Uribe Vélez y el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán se pronunciaron en rechazo de la medida, ahora, organizaciones de la sociedad civil y centros de pensamiento se manifestaron en conjunto para alertar sobre "los riesgos democráticos e institucionales" del anuncio sin el aval del Senado.
"Comprometidos con la democracia, el Estado de derecho, la defensa de la Constitución, los derechos humanos, los derechos de los trabajadores y con cambios pertinentes que lleven al progreso social y al crecimiento económico del país, expresamos nuestra profunda preocupación ante el anuncio del presidente de la República de convocar una consulta popular nacional mediante decreto, a pesar del concepto negativo, plenamente legítimo, del Senado", dijeron las organizaciones y centros de pensamiento firmantes entre los que está Anif, Cerar, Valor Público, Fundación Corona, Cre, Movilizatorio, Proantioquia, ProBogotá, Universidad EIA, Transparencia por Colombia, Corlide.
Afirman que una convocatoria como la anunciada por el Gobierno Nacional vulnera abiertamente el procedimiento constitucional y legal, que establece la aprobación previa del Senado como requisito habilitante para una consulta popular gubernamental. "Constituye un abuso y desnaturalización del propósito del mecanismo de participación ciudadana consagrado en el artículo 104 de la Constitución. Desconocer el concepto negativo del Senado infringe también las leyes y quebranta un principio esencial de la democracia constitucional: la separación e independencia de los poderes", comentaron en el documento.
Frente a la situación, hicieron un llamado al Gobierno Nacional a que no avance con la firma de un decreto "que amenaza con quebrantar abiertamente el principio de separación de poderes y el marco constitucional y legal vigente".
También exhortaron a las altas Cortes-particularmente a la Corte Constitucional y al Consejo de Estado "a reafirmar la supremacía de la Constitución de 1991 y a proteger, con claridad y decisión, los principios que impiden la concentración del poder y garantizan el equilibrio institucional. Para esto, deben aplicar las normas constitucionales y las leyes específicas que regulan el procedimiento para convocar consultas populares en Colombia. Y, si lo consideran oportuno, deben decretar medidas cautelares y de suspensión provisional para garantizar la estabilidad institucional de Colombia".
También hicieron llamado al Congreso a seguir discutiendo sobre proyectos de ley y de hacer control político al poder ejecutivo. Finalmente, llamaron a la comunidad internacional a que observe la situación actual de Colombia, y a que acompañe y actúe frente a esta. "Estos hechos no deben entenderse como aislados en el mundo, sino como parte de un preocupante retroceso democrático a nivel global", agregaron.
Afirmaron que no se trata de un asunto ideológico ni una controversia política pasajera sino de un desafío al orden constitucional, lo cual no fortalece a la ciudadanía, ni amplía ni protege sus derechos sino que debilita el marco que la protege.
"Firmamos este pronunciamiento con preocupación. También, con la convicción de que las personas en Colombia tienen el deber de proteger las instituciones, y de que la Constitución y las leyes no pueden ser violadas si lo que se busca son reformas verdaderamente democráticas", concluyen en la carta.
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