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En las primeras horas de hoy, el procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez, le envío una carta al ministro de Minas y Energía, Federico Rengifo, en la que le solicita tener en cuenta las condiciones ambientales y laborales a la hora negociar el contrato de la mina de niquel de Cerromatoso.
En el documento, el Ministerio Público pide tener en cuenta la contraprestación económica del Estado por los contratos de concesión y la obligación de pago por la explotación de minerales.
Así mismo, solicita poner especial atención a los problemas salud que han denunciado los pobladores de la zona cercana a la explotación derivados de dicha actividad.
Ayer el Consejo de Estado emitió su concepto sobre la legalidad del contrato 051 de 1996, que estipula que la compañía australiana, quien es dueña de Cerro Matoso S.A., puede explotar la cantera hasta el 2029.
El Gobierno Nacional sigue renegociando unas cláusulas para mejorar las condiciones económicas. Por ello, el ministro de Minas, Federico Renjifo dijo que “en unos tres meses esperamos llegar a un acuerdo con la firma#.
Entre esas nuevas condiciones que quiere el Gobierno, se encuentran más pagos por el concepto de regalías, que en el año pasado dejaron unos $130.000 millones a la Nación. El Estado también pretende que las condiciones sociales de la población mejoren de forma notoria.
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