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El mandatario aclaró que el fallo de la Corte se fundamentó en “un asunto de forma”, y no en la legalidad de fondo de la intervención
El presidente Gustavo Petro se pronunció frente al reciente fallo de la Corte Constitucional que dejó sin efecto la intervención estatal sobre la EPS Sanitas. A través de su cuenta de X, el mandatario rechazó la narrativa del Grupo Keralty, propietario de la aseguradora, que lo responsabiliza por el deterioro financiero de la entidad y defendió la medida tomada en abril de 2024, cuando el Gobierno asumió el control de la EPS.
“La aseguradora estaba profundamente deteriorada antes de la intervención”, afirmó Petro, quien añadió que Sanitas presentaba un déficit de $1,2 billones en reservas técnicas y más de $800.000 millones en patrimonio. Según el jefe de Estado, estos indicadores demostraban que la entidad ya no podía garantizar adecuadamente los servicios de salud a sus más de 4 millones de afiliados. “El objeto de una intervención administrativa no es pagarle las deudas al propietario privado, es mantener la seguridad del tratamiento de los afiliados”, subrayó.
El mandatario también aclaró que el fallo de la Corte se fundamentó en “un asunto de forma”, y no en la legalidad de fondo de la intervención. La decisión judicial, sin embargo, representa una victoria para el Grupo Keralty, que desde el inicio calificó la medida del Gobierno como “arbitraria” y sin sustento, y que ahora espera el restablecimiento pleno de su control sobre la EPS en un plazo máximo de 15 días.
La controversia no solo gira en torno a Sanitas. La sentencia de la Corte podría convertirse en un precedente clave para las otras EPS que han sido intervenidas durante el actual gobierno. Como explicó Juan David Riveros, abogado de Keralty, aunque el fallo solo aplica entre las partes involucradas, “puede constituirse en un parámetro de interpretación para otras situaciones semejantes”.
Petro advirtió que la responsabilidad ahora recae sobre el propietario. “Espero que el propietario de Colsanitas allegue estos recursos a la EPS en su poder para asegurar de verdad a sus afiliados”, escribió. También pidió que no se traslade la carga del deterioro a los trabajadores de la entidad. “Espero no los despida y estos se organicen”.
De fondo, se reaviva el debate sobre el alcance del Estado en el sistema de salud, la viabilidad financiera de las aseguradoras privadas y el margen de acción que tiene el Ejecutivo frente a entidades con signos críticos de insostenibilidad. Si bien la Corte tumbó la intervención, los datos del observatorio Así Vamos en Salud muestran que, con corte a marzo, Sanitas reportó un patrimonio negativo de $1,1 billones. Cuando fue intervenida, según el mismo reporte, tenía un saldo positivo de $21.000 millones.
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