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El informe expone que con el proyecto como está planteado, cerca de 87,5% de la población estaría afiliado con Colpensiones
Un informe de Moody's plantea que en los últimos años el aumento del malestar social en Latinoamérica ha provocado que se repiensen los sistemas de pensiones, lo que trae consigo una serie de riesgos para los administradores de fondos privados, un fenómeno que ya es evidente en Colombia con la propuesta del Gobierno para la reforma pensional pero que, de hecho, también se está dando en Chile.
Los ejes del informe de la firma se basan en el impacto para la escala y la capacidad de ganancias de las administradoras de fondos de pensiones privadas. En segundo lugar, expone que la administradora de fondos de pensiones más grande de la región, Sura Asset Management, podría tener limitada su capacidad de ganancias y su escala. Y el tercer eje es la probabilidad de que los nuevos sistemas de pensiones afecten la dinámica de financiamiento a largo plazo en los mercados locales.
Y es que Chile y Colombia representaron 61,6% de los ingresos operativos de Sura y 49% de sus AUM de pensión obligatoria a corte de diciembre de 2022.
Por otra parte, Moddy's expone que es probable que los nuevos sistemas de pensiones afecten la dinámica de financiamiento a largo plazo en los mercados locales, porque si se aplica la reforma propuesta, cambiaría el financiamiento de los sistemas bancarios en el mediano plazo, incluida la disponibilidad de recursos a largo plazo en los mercados de capitales.
"Los cambios de regla propuestos, actualmente en discusión en el Congreso, requieren que las personas que ganan hasta tres veces el salario mínimo destinen su contribución a una entidad pública. Solo a aquellos empleados que ganen más de esa cantidad se les permitiría usar una opción privada. En esos términos, alrededor de 87,5% de la población en edad de trabajar de Colombia tendría una pensión con Colpensiones", indica el informe.
Se agrega que esto puede tener implicaciones positivas a largo plazo desde la perspectiva social porque garantizaría que todas las personas en edad de jubilación tengan un salario mínimo de $233.000, se reduciría significativamente el potencial de mercado para los administradores de pensiones privadas, quienes deberán enfocarse en el negocio de pensiones voluntarias y administración de activos en general.
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