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Gloria Inés Ramírez, ministra de Trabajo
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La cartera vigilará que se cumpla el artículo 80 del PND para contratar mínimo 50% de trabajadores locales en los municipios
Uno de los compromisos que adquirió el Gobierno Nacional durante la semana de visita en el departamento de La Guajira fue establecer una mesa de protección social, empleabilidad y medidas para combatir la informalidad.
“Esta es una iniciativa que impactará a cerca de 36.000 trabajadores y trabajadoras que están en la informalidad en el departamento de la Guajira, es un acto de justicia social y económica que recoge las necesidades de la comunidad Wuayúu y además reconoce sus saberes ancestrales, en cuanto a turismo, artesanías y pesca. El objetivo central de la mesa será el diseño de estrategias para la elaboración de políticas que permitan crear proyectos y herramientas para mejorar el acceso a la protección social a través del trabajo digno y decente”, explicó la ministra del Trabajo, Gloría Inés Ramírez Ríos.
Algunas de las acciones a desarrollar en esta iniciativa es la vigilancia del Ministerio del Trabajo para que se cumpla el artículo 80 establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 2023 - 2026 en la contratación de obra local que obliga a contratar como mínimo 50% de personal local siempre y cuando existan trabajadores y trabajadoras con las capacidades requeridas para llevar a cabo las respectivas labores.
“El Ministerio del Trabajo, con el acompañamiento permanente de la Organización Internacional del Trabajo, elaboraremos las herramientas que permitan que las empresas que lleguen al territorio prioricen la contratación de la fuerza laboral de la Guajira y para ello deberán contar con programas de responsabilidad social empresarial y garantías de protección social”, agregó la Ministra.
De acuerdo con cifras del Dane, a corte de mayo de este año, las tasas de desempleo de Riohacha (14,9%) y Valledupar (14,3%) son algunas de las más altas en el país.
Medida hace parte del paquete de 20 medidas impulsadas por el Ministerio de Minas y Energía en pro del abastecimiento de gas
El proyecto establece que, durante los próximos 12 años, este presupuesto tendrá un aumento anual de 1%, hasta que 39,5% de los ingresos corrientes de la Nación se destine al SGP
Con esto se inició la fase de discusión legislativa del proyecto de ley de competencias, la cual, en caso de ser aprobada en 2026, entraría en vigencia en 2027
