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Gobierno de Petro expide nuevo paquete de impuestos para recaudar $11 billones
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El ministro de Hacienda, Germán Ávila, destacó que, con estas nuevas alzas para los contribuyentes, se pretende recaudar más de $10 billones
En uso de las facultades excepcionales otorgadas por el Estado de Emergencia Económica (Decreto 1390 de 2025), el Gobierno nacional expidió un nuevo paquete de medidas tributarias con el que busca un recaudo estimado de $11 billones para cerrar un faltante fiscal estimado en $16,3 billones. La decisión se adopta tras el hundimiento de las leyes de financiamiento en el Congreso y en medio de presiones crecientes por gastos en salud, seguridad, subsidios y atención de desastres naturales.
Las medidas impactan directamente el consumo, el patrimonio, el sector financiero, las compras por internet y actividades como las apuestas online y la extracción de hidrocarburos.
Uno de los principales efectos recaerá sobre el consumo de licores, cigarrillos y bienes considerados de lujo. El IVA para licores y vinos sube a 19%, al tiempo que se incrementa el impuesto al consumo, con un componente específico de $750 por grado de alcohol y un 30% ad valorem sobre el precio de venta al público, antes de impuestos y/o participación, certificado por el Dane. En el caso de los cigarrillos, se crea un impuesto específico de $11.200 por cajetilla de 20 unidades y, por primera vez, se grava con fuerza a los vapeadores y cigarrillos electrónicos, con una tarifa de $2.000 por mililitro de líquido más 30% adicional sobre el precio de venta al público certificado por el Dane.
También se establece un Impuesto Nacional al Consumo de 19% para bienes de lujo como yates, barcos, aeronaves y motocicletas de alto cilindraje.
Para 2026, el impuesto al patrimonio se causará a las personas que tengan, al 1 de enero de ese año, un patrimonio líquido igual o superior a 40.000 UVT. Para este cálculo, se toma el valor total de los bienes del contribuyente y se le restan las deudas vigentes a esa misma fecha.
El impuesto al patrimonio tendrá una estructura progresiva según el valor del patrimonio líquido medido en UVT. Quienes tengan hasta 40.000 UVT no pagarán este gravamen, mientras que los patrimonios superiores a ese umbral enfrentarán tarifas que arrancan en 0,5% y van aumentando por rangos. Para patrimonios entre 40.000 y 70.000 UVT la tarifa será de 0,5%; entre 70.000 y 120.000 UVT, de 1%; entre 120.000 y 240.000 UVT, de 2%; entre 240.000 y 2 millones de UVT, de 3%; y para los patrimonios más altos, superiores a 2 millones de UVT, la tarifa marginal llegará hasta 5%.
El sector financiero también asumirá una mayor carga. Los bancos enfrentarán una sobretasa de 15 puntos adicionales en el impuesto de renta, lo que eleva su tarifa total a 50%.
El paquete incluye cambios relevantes para el comercio digital y las apuestas por internet. La base sobre la que se calculará el impuesto serán los ingresos reales del juego, es decir, el valor total de las apuestas realizadas menos los premios que se pagan a los jugadores durante cada bimestre. En paralelo, se elimina la exención de IVA para importaciones de bajo costo de hasta US$200. A partir de ahora, solo las compras inferiores a US$50 estarán libres del impuesto, afectando directamente a plataformas de comercio electrónico internacional.
En el sector minero-energético se crea un impuesto de 1% sobre la primera venta o exportación de petróleo crudo y carbón. Además, se ratifica que las regalías no podrán ser deducidas como costo o gasto en el impuesto de renta, salvo en casos específicos de pérdida fiscal.
Según el Gobierno, estas medidas responden a una “situación fiscal agravada”, derivada de la falta de nuevas fuentes de financiamiento aprobadas por el Congreso, las obligaciones en salud ordenadas por la Corte Constitucional, la crisis de subsidios eléctricos —especialmente en la región Caribe— y los costos asociados a la atención de la ola invernal.
El ministro de Hacienda, Germán Ávila, destacó que, con estas nuevas alzas para los contribuyentes, se pretende recaudar más de $10 billones, con los que se intentará cubrir el hueco que dejó la caída de la tributaria en el Senado; sin embargo, precisó que este monto no es suficiente para solventar las necesidades presupuestales que se avecinan en 2026.
Sobre la preocupación de si los nuevos impuestos ayudarán a solucionar el déficit fiscal, el ministro de Hacienda aseguró que para lograr una sostenibilidad de las finanzas públicas, lo que se debe hacer es incrementar el recaudo tributario y, por esa razón, el Gobierno decidió declarar la emergencia económica y decretar estos nuevos mecanismos de recaudo tributario.
En lo que vamos del siglo XXI, la emergencia económica ha sido una de las herramientas a las que han acudido los gobiernos en Colombia con el fin de enfrentar choques fiscales, sociales o sectoriales que no han podido ser resueltos de manera ordinaria.
Por lo que cada vez que ha sido decretada se ha tenido algo en común: la necesidad urgente de obtener recursos adicionales con el fin de atender una crisis en específico y así evitar un deterioro mayor en las finanzas públicas o de sectores estratégicos.
En esta ocasión, el presidente Gustavo Petro busca decretarla debido a que el Congreso hundió la reforma tributaria con la que se buscaba recaudar $16,3 billones, por lo que esta nueva declaratoria tiene como objetivo recoger $16 billones.
“Quienes hablan de derroche del gasto y de recorte no entienden ni las necesidades sociales ni el estado social de derecho, por eso vamos hacia una emergencia”, señaló el Presidente.
Desde comienzo de este siglo, se ha declarado emergencia económica en siete ocasiones. Pero solo en el Gobierno Petro, a falta de siete meses para terminar, se ha dado en tres ocasiones, las mismas que declaró Juan Manuel Santos en sus dos mandatos.
La primera que declaró Petro fue en 2023 debido a la situación en La Guajira por la llegada del Fenómeno de El Niño. Para ese momento el Presidente anunció cambios en salud, agricultura, agua, energía y educación. Pero luego la Corte Constitucional tumbó varios de los decretos expedidos en el marco de dicha emergencia.
La segunda fue en 2025 con la escalada de violencia que ocurrió en el Catatumbo. Para esa ocasión la Corte Constitucional debió intervenir para determinar cuáles eran los decretos que eran viables y cuáles no para atender la situación.
Allí se activaron paquetes de impuestos con los que el Gobierno buscaba recaudar alrededor de $1 billón con el fin de atender la situación. Se buscó recaudar dinero por medio de cobros a juegos de suerte y azar online, impuesto de timbre y gravamen a las exportaciones de carbón y petróleo.
Por su parte, la última emergencia económica que ha declarado Petro fue el aumento de los casos de a fiebre amarilla en el primer semestre de este año. En ese escenario no hubo mayor despliegue de medidas económicas debido a que los casos no siguieron en aumento.
Anteriormente, la emergencia ya la había decretado Iván Duque, por la pandemia del covid-19; y Juan Manuel Santos por los damnificados a causa de las lluvias, la crisis migratoria venezolana y el desastre natural que había ocurrido en Mocoa.
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