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Esto beneficiaría a más de 120.000 empleados de plataformas que trabajan como repartidores. Se protegerán sus riesgos laborales
El Ministerio del Trabajo junto a Alianza In, gremio de aplicaciones e innovación lograron este jueves un acuerdo para regular el trabajo en las plataformas de reparto.
Según explicó José Daniel López, director ejecutivo de la entidad, en el trato se establecieron dos tipos de relación posible entre trabajadores y empresas, los cuales entrarán en vigencia después de que el Gobierno Nacional haya cumplido con las obligaciones de reglamentación e implementación.
Una relación a través de un contrato independiente, en donde las empresas contribuyen con una parte del pago a la seguridad social de los repartidores de la siguiente manera; el pago será tomado de 40% del ingreso base de cada repartidor. Cabe resaltar que las plataformas pagarán 60% del aporte de salud y 60% del aporte en pensión y el trabajador 40% restante, respectivamente.
Las plataformas también pagarán 100% del aporte en riesgos laborales. De igual manera, los repartidores se podrán vincular a través de trabajo dependiente, si así lo acuerdan las dos partes, con todas las implicaciones de ley para ese tipo de vínculo contractual.
Asimismo, se crearán medidas de transparencia en el acceso a la información y en la atención de requerimientos y reclamos por parte de los repartidores ante las plataformas digitales, y se establecerán las garantías de supervisión humana frente a los sistemas automatizados de las plataformas.
López señaló que este acuerdo beneficia a más de 120.000 mujeres y hombres que trabajan en Colombia como repartidores a través de estas plataformas.
"Este acuerdo, el cual implica un esfuerzo enorme para este sector, entra a consideración del Congreso de la República, a través del proyecto de ley de Reforma Laboral. Es la oportunidad para avanzar en la formalización y protección de más de 120.000 repartidores sin poner en riesgo sus trabajos, ni a los más de 75.000 comercios que venden a través de estas plataformas, ni la libertad de consumo de más de 2 millones y medio de usuarios que compran a través de éstas", enfatizó el empresario.
La decisión fue adoptada mediante resolución del despacho del Contralor General de la República
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