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Medida busca dinamizar la minería. La derogatoria influye en 119 municipios en área de 10,4 millones de hectáreas
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El tono que ha adoptado el gobierno frente a la minería ha generado un ambiente de optimismo en el sector, que ve oportunidades para reactivar y dinamizar las ventas, la inversión extranjera y la exploración a partir de un cambio en el entorno regulatorio.
La ministra de Minas y Energía, María Nohemí Arboleda, anunció la derogación de 10 resoluciones que delimitaban los distritos mineros, un mecanismo implementado durante el gobierno anterior que abarca 119 municipios.
La derogatoria abre una nueva oportunidad para la exploración y explotación de metales y minerales en 10% del territorio nacional. De acuerdo con datos de la Unidad de Planeación Minero Energética, los distritos mineros abarcan 10,4 millones de hectáreas, frente a una extensión total del territorio cercana a 114 millones de hectáreas.
“Es una decisión de futuro y no afecta los derechos de los ciudadanos. Era contradictorio llamarlos distritos mineros y no poder aprovechar la minería. La ley quería organizar el territorio, pero la limitó y la exploración e inversión extranjera cayeron”, afirmó Arboleda.
Los distritos mineros, como fueron denominados por la administración anterior, son modelos de gobernanza y planificación socioambiental orientados a organizar la actividad minera y fortalecer su desarrollo sostenible.
Sin embargo, el nuevo Ministerio de Minas y Energía señaló que este modelo tiene efectos directos sobre las decisiones de inversión, debido a que quienes operan dentro de estos polígonos quedan sujetos a procesos de reconversión con alcances y plazos indeterminados, lo que añade incertidumbre a la llegada de capital extranjero.
La entidad también sostuvo que no existe un régimen claro para la delimitación de los distritos ni una adecuada armonización con el ordenamiento territorial de los municipios, “lo que genera duplicidad de instrumentos, incertidumbre sobre el régimen aplicable y costos de transacción más altos”.
La propuesta de derogatoria comprende zonas de los departamentos de Antioquia, Nariño, Chocó, Huila, Valle del Cauca, Boyacá, Córdoba, La Guajira, Cauca, Cesar y Norte de Santander, además de incluir la región del litoral Pacífico.
En caso de que el proyecto avance, la Agencia Nacional de Minería y las dependencias competentes del MinMinas deberán adoptar, dentro de los 30 días siguientes a la entrada en vigencia de la resolución, las medidas necesarias para actualizar el Catastro Minero y los demás sistemas de información y cartografía oficial. El objetivo será suprimir las capas y restricciones asociadas a los distritos mineros.
“Era contradictorio llamarlos distritos mineros y no poder aprovechar la minería. La ley quería organizar el territorio, pero lo limitó y la exploración e inversión extranjera cayeron”.
Desde el sector empresarial, Omar Osma, presidente de Collective Mining, consideró que los distritos no son necesarios para desarrollar procesos mineros. Agregó que el gobierno actual no encontró un ambiente propicio para implementar este modelo, debido a la necesidad de adelantar procesos de concertación con las comunidades.
Por su parte, el exministro de Minas y Energía, Amylkar Acosta, señaló que la estrategia no buscaba organizar los procesos mineros en los territorios, sino entorpecerlos.
El anuncio de la jefe de cartera hace parte de la hoja de ruta del gobierno de Abelardo de la Espriella para fortalecer el sector minero, luego de una contracción durante los últimos cuatro años.
Puntualmente, detrás del menor dinamismo del sector se evidencia una caída de US$1.508 millones a US$178 millones en inversión extranjera directa, 88% menos; de 34% en las regalías mineras entre 2022 y 2025, y de cerca de US$4.000 millones en exportaciones en ese periodo.
“Tenemos que trabajar juntos entre un Estado que defina reglas, brinde estabilidad y remueva obstáculos; la empresa, que cumple un rol de inversión; y la comunidad, que pone el territorio cuando ve la prosperidad. Queremos que ser minero vuelva a ser un orgullo en Colombia”, dijo Arboleda.
Santiago Cardona, presidente del consejo directivo de la ACM, señaló que las prioridades del cuatrienio deben girar en torno al mantenimiento y respaldo a las operaciones, la promoción y continuidad de los proyectos de exploración y un marco regulatorio claro. Por su parte, el presidente de la ACM, Juan Camilo Nariño, dijo que la prioridad debe ser la inversión extranjera, pues solo representa 1,5% de lo que ingresa por IED.
*Invitado por la ACM
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