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La ministra de Educación, María Fernanda Campo, lanzó el índice de inclusión para la educación superior (Ines) que medirá qué tan incluyentes son las instituciones educativas en el país.
Esta herramienta permitirá conocer qué procesos en esta materia se llevan a cabo en cada universidad o instituto nacional. Además de actualizar la información de población vulnerable y de conocer si hay o no presupuestos destinados dentro de las instituciones para trabajar en los proyectos.
El índice medirá, basado en encuestas y sondeos en las universidades, la caracterización de cinco poblaciones: discapacitados, etnias, víctimas del conflicto, reinsertados y habitantes de frontera.
Campo resaltó que esta herramienta hace parte de los lineamientos para construir una política de educación superior incluyente. Los primeros avances se verán en abril y mayo cuando arranque una prueba piloto y se espera tener la totalidad de las encuestas a finales de este año, según la ministra.
“En el desarrollo y la autonomía de las instituciones, esperamos que sean acogidas estas medidas, para lograr el proceso de inclusión en miras al posconflicto”, señaló Campo.
Los avances en el Ines ya se han visto. Según la jefe de la cartera de Educación, se han destinado $3.000 millones en 23 instituciones, que han permitido avanzar en su implementación.
En total son cinco retos que plantea esta política basados en reconocer la diversidad estudiantil y la interculturalidad presente en cada institución. El primero consiste en transformar los productos académicos, que hayan currículos flexibles que permitan graduar a los estudiantes.
Segundo, maestros inclusivos que transformen su currículum hacia el contexto actual del país. Tercero, generar espacios de innovación. Cuarto, que en las instituciones haya presupuesto y un área financiera que permita estas labores. Quinto, que la política institucional sea inclusiva.
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