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Ministerio de Minas busca estratificar las tarifas de energía según el consumo
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De acuerdo con la cartera, la iniciativa nació por parte de los gremios, aunque señalaron que hay algunos sectores que quieren mantener el modelo actual
El Ministerio de Minas y Energía anunció que va a estudiar una propuesta que cambiaría la manera en cómo se hace el cobro en el recibo de la luz en el país. Esta idea fue presentada por los gremios y consiste en la posibilidad de estratificar el cobro de la energía eléctrica según el nivel que se consume.
“Lo que hoy existe es una injusticia histórica. Del Presupuesto General de la Nación -que debería fortalecer la educación y la salud de los más pobres- terminan saliendo subsidios para usuarios que claramente tienen la capacidad de pagar su consumo real”, señaló el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma.
El titular de la cartera señaló que algunos sectores buscan mantener el modelo actual, aunque recalcó que este favorece a las personas que más consumen y quienes poseen más capacidad económica.
“Nosotros no vamos a defender privilegios, defendemos el interés público. Los subsidios deben llegar a quienes realmente los necesitan, no a quienes siempre han tenido las ventajas del sistema”, añadió.
Al respecto, José Camilo Manzur, presidente Asocodis, señaló que sobre los subsidios los gremios siempre han manifestado la importancia en el corto plazo de ponerse al día el Gobierno con los recursos que ya han sido entregados por las empresas a los usuarios y así apropiar lo necesario en los presupuestos para financiarlos.
“Y en el mediano y largo plazo, corregir los problemas de focalización e inclusión, para que los subsidios le lleguen solamente a los usuarios más vulnerables, para lo cual se deben considerar el nivel de pobreza de los usuarios, el nivel de consumo, entre otros”, explicó Manzur. Y agregó que esto podría adelantarse por medio de reglamentar lo que está establecido en el Plan Nacional de Desarrollo sin una ley adicional.
“Nosotros no vamos a defender privilegios. Los subsidios deben llegar a quienes realmente los necesitan, no a quienes siempre han tenido las ventajas del sistema”.
“Los gremios siempre han manifestado la importancia de que el Gobierno se ponga al día en el corto plazo con recursos ya entregados por las empresas a los usuarios”.
El presidente de Asocodis advirtió “lo que más copa la cabeza de empresas es la deuda que tiene el Gobierno en el rubro subsidios. Es su máximo dolor de cabeza”.
Desde la cartera agregaron que ese debate debe darse con transparencia, responsabilidad y con un principio “innegociable de que los recursos públicos no pueden seguir financiando privilegios”.
Por su parte, la agencia calificadora Fitch Ratings señaló que las nuevas normas del mercado eléctrico del país reducen la flexibilidad comercial de las generadoras y podrían llegar a presionar la rentabilidad y el apalancamiento durante los períodos de escasez.
“Un cambio constante en las políticas, que prioriza el control de precios a corto plazo sobre la previsibilidad financiera, puede erosionar la visibilidad del flujo de caja y ejercer presión a la baja sobre las calificaciones”, indicaron desde la calificadora.
Fitch añadió que esas políticas podrían llegar a desincentivar la creación de una nueva capacidad de generación eléctrica antes de la subasta de energía del primer trimestre del próximo año, lo que dice que podría aumentar el riesgo de futuros desabastecimientos energéticos en todo el país. Desde Fitch también mencionaron que los decretos que se han emitido últimamente, en los cuales han buscado reducir el costo de la electricidad para los hogares, también han limitado los mecanismos que permiten a las generadoras equilibrar el riesgo y el costo ante las fluctuaciones hidrológicas y las condiciones de mercado.
“Las nuevas políticas exigen que las generadoras vendan al menos 95% de la producción hidroeléctrica centralizada mediante contratos e introducen nuevos precios de escasez diferenciados y con tope para la energía hidroeléctrica, el carbón y las renovables (de aproximadamente 900 COP/kWh a 359 COP/kWh) en comparación con las centrales térmicas”, agregó la agencia.
Finalizó diciendo que las empresas de servicios públicos como EPM, ESP, Isagen, Enel o Celsia han gestionado históricamente la volatilidad hidrológica mediante políticas comerciales conservadoras.
A finales de octubre el MinMinas radicó un proyecto de ley con el cual buscaba reformar las leyes 142 y 143 de 1994 con el objetivo de “garantizar la prestación eficiente, transparente y justa del servicio público de energía”. Allí señalaron que los cambios que se busca que haya con el proyecto es la redefinición de criterios para la entrega de subsidios, el establecimiento de tarifas diferenciales para usuarios vulnerables e industrias verdes, la prohibición de cobros ajenos al servicio en la factura de energía, entre otros.
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