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Germán Ávila, ministro de Hacienda
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Sin embargo, al revisar las asignaciones que menciona el articulado, hay recursos que van a regiones que no se verían afectadas directamente por las inundaciones
El Gobierno nacional está buscando recursos a como dé lugar para el remate de la actual administración, con el fin de solucionar la situación de las cuentas públicas. No solo se trata de los fondos de pensiones, sino ahora el plan, desde el Ministerio de Hacienda, es buscar liquidez con dineros del Fondo de Ahorro y Estabilización, FAE.
El Gobierno está construyendo un proyecto de decreto que plantea usar recursos del Fondo de Ahorro y Estabilización del Sistema General de Regalías mediante un desahorro, para adicionarlos al presupuesto del bienio 2025 a 2026 del SGR. El monto sería de $2,9 billones.
En medio de la volatilidad de los precios internacionales de las materias primas, el manejo eficiente de los recursos del subsuelo sigue siendo un tema prioritario en la agenda fiscal de Colombia. En este escenario, el FAE, uno de los pilares del Sistema General de Regalías, SGR, opera como el principal amortiguador macroeconómico de las finanzas territoriales.
Administrado por el Banco de la República, el FAE funciona bajo una premisa económica fundamental: el ahorro en tiempos de bonanza para garantizar la inversión en épocas de escasez. Pero, ¿Cómo opera exactamente este fondo y en qué escenarios la ley permite echar mano de estos recursos?
El diseño del FAE responde a la necesidad de blindar a los departamentos y municipios del país ante los choques externos. Durante los ciclos de precios altos del petróleo, el carbón y otros minerales, una porción de las regalías generadas se dirige obligatoriamente a este fondo.
El objetivo de esta inyección de liquidez es evitar que un ingreso masivo y repentino recaliente la economía regional y, a su vez, constituir una reserva. La verdadera prueba del sistema llega cuando el ciclo se invierte, momento en el que se activa el mecanismo conocido técnicamente como desahorro.
El artículo 114 de la Ley 2056 de 2020 es el que regula los desahorros del FAE. En el articulado se deja claro que, si los ingresos corrientes anuales del Sistema General de Regalías (SGR) sufren una disminución del 20% o más frente al recaudo del año inmediatamente anterior, se autoriza el desahorro.
El segundo evento que permite el desahorro son las caídas anuales sucesivas que, al acumularse, alcancen una contracción de al menos el 20% respecto al año previo al inicio del declive. Esta cláusula es vital para proteger la inversión pública en caso de que los precios no colapsen de golpe, pero mantengan una tendencia a la baja sostenida que asfixie progresivamente la caja de los entes territoriales.
El argumento del Gobierno para asignar $2,9 billones al SGR es una caída progresiva del recaudo corriente. "Con base en la información suministrada por el Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Spgr) en 2025 que el recaudo corriente del SGR se presentó una disminución nominal de 10% frente a 2024 y una caída acumulada de 39,9% respecto de 2023, año previo al inicio de las reducciones sucesivas del ingreso, por lo cual habría lugar al desahorro de recursos del Fondo de Ahorro y Estabilización (FAE) para la vigencia 2026 de dos billones ochocientos setenta y cuatro mil setecientos sesenta y seis millones ciento cincuenta y seis mil setecientos trece pesos moneda legal ($2.874.766.156.713.)", afirma el documento.
En el borrador de decreto que conoció LR, se deja claro que uno de los objetivos del desahorro, más allá de la caída en el recaudo, es "dada la situación climática actual en parte del territorio nacional, se requiere agilizar el trámite de aprobación de este acto administrativo para la priorización y aprobación de proyectos de inversión con cargo a recursos del Sistema General de Regalías (SGR) para las entidades afectadas", de acuerdo con el texto.
Sin embargo, al revisar las asignaciones que menciona el articulado, hay recursos que van a regiones que no se verían afectadas directamente por las inundaciones. Departamentos como La Guajira o Meta, que no están golpeados por la calamidad climática, según han informado las autoridades, recibirían $100.964 millones y $185.831 millones solo en la partida de asignaciones directas.
En el borrador de decreto no se deja en claro para qué se destinarían concretamente los recursos, más allá de que se trata de atender la emergencia climática. Pero, ¿por qué asignar recursos a departamentos que no requerían estos recursos?
El FAE, al ser administrado por el Banco de la República, cuenta con activos en el exterior para buscar mayores rentabilidades. Ahora bien, en el decreto no se específica la TRM a la que fueron adquiridos los activos en el extranjero. En caso de que hayan sido obtenidos con una TRM superior a la actual ($3.751 para el 5 de marzo de 2026), podría existir un detrimento patrimonial en las finanzas públicas, que agravaría aún más la situación fiscal.
Asimismo, traer $2,9 billones de activos en el extranjero podría traer consecuencias cambiarías, como un bajón del dólar en la antesala de la primera vuelta presidencial.
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