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El pasivo del antiguo operador de la Costa Caribe corresponde a la deuda que tiene la firma con el Fondo Empresarial de la Superservicios
Después de un tormentoso camino con el operador del servicio de energía pública, Electricaribe, en el que se sumaban deudas, y deficiencia en el sistema y la infraestructura, el Gobierno, a través del Ministerio de Hacienda, hizo publica la Resolución que da vía libre a que el pasivo que dejo la electrificadora sea asumido por la Nación.
El monto total está en $3,9 billones correspondientes a la deuda de la firma con el Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Esto corresponde a operaciones de crédito financiadas con recursos de la Nación, las cuales se hicieron con el fin de garantizar la prestación del servicio de energía en la Costa Caribe.
Es de resaltar que, esta semana se conoció un falló de la Corte Constitucional que declaró inexequible la sobretasa por kilovatio hora de energía eléctrica consumida en estratos 4, 5 y 6, una estrategia que buscaba fortalecer el Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, debido a la deuda que Electricaribe tenía con este.
Según la Superservicios las deudas de la firma están así: $1,6 billones en pasivo pensional, $400.000 millones que estaban destinados a garantizar el servicio y $860.000 millones del plan de inversión para 2020, recursos que aún están contratados y en ejecución.
Debido a este panorama, hace algunos meses el Gobierno entregó las llaves de la prestación del servicio público de energía de la Costa Caribe a dos nuevas empresas: Air-e y Afinia, empresas que hacen parte del Consorcio de Energía de la Costa y EPM, respectivamente.
Se trata de una iniciativa que refuerza la colaboración público-privada para avanzar en la reducción de las cifras de siniestralidad
El mandatario dijo que el país va rumbo a una crisis porque el Congreso no ha aprobado la tributaria y anticipó más reformas para pagar la deuda futura
Luego de hacer los cambios, la cartera publicará la resolución para comentarios. Esto ocurre tras las peticiones hechas por el Consejo de Estado
