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La cartera económica dijo que el concepto con la negación del aval fiscal se emitió cuando no había claridad sobre la distribución de recursos sin las competencias.
En medio de la polémica por la reforma constitucional que modifica el Sistema General de Participaciones, el Ministerio de Hacienda se pronunció sobre los conceptos técnicos ya ha emitido sobre este proyecto en los que negaba el aval fiscal por comprometer la regla.
La cartera económica dijo que esta reforma irá de la manocon un proyecto de ley de competencias que permita transferir funciones y que garantice la sostenibilidad fiscal.
"Es importante aclarar, que los conceptos emitidos hasta el momento por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, se han realizado conforme a los textos aprobados en los respectivos debates, donde no estaba claramente definida la relación entre la ley de competencias y la entrada en aplicación del Acto Legislativo en caso de ser aprobado. Esta preocupación, ampliamente manifestada, pretendía evitar llegar a un escenario donde la Nación tuviese que distribuir más recursos sin la debida transferencia de competencias", dijo la entidad en un comunicado.
Hace un par de semanas el Ministerio de Hacienda negó el aval fiscal para este proyecto porque "puede generar un desbalance fiscal" y también pone en riesgo "la provisión, calidad y continuidad de los servicios, la inversión social en el país y el uso eficiente y equitativo de los recursos”.
La cartera aseguró que esta propuesta representaría un costo fiscal acumulado para la nación estimado en $327,6 billones a precios corrientes, equivalentes a $188 billones a precios constantes de 2023, lo que significa 11,7 p.p. del PIB.
Ahora dice que el alcance de los debates y la correspondiente ley de competencias derivada del Proyecto de Acto Legislativo, deben contemplar el artículo 334 de la Constitución Política.
"Allí se señala que la orientación de la economía estará a cargo del Estado y se establece que sus intervenciones corresponden a mandatos de ley buscando, entre otros objetivos, promover la productividad y competitividad y el desarrollo armónico de las regiones; pero, en estricto cumplimiento del marco de sostenibilidad fiscal que debe orientar a las Ramas y Órganos del Poder Público, dentro de sus competencias, en un marco de colaboración armónica”.
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