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Este trabajo ha permitido a los territorios avanzar en su gestión financiera de riesgos en el marco de las buenas prácticas internacionales
La emergencia sanitaria ha reafirmado la importancia de desarrollar estrategias de prevención, así como utilizar los mercados de capitales para mitigar los riesgos financieros asociados a cualquier tipo de choque.
Frente a esta línea, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público anunció que ha venido apoyando la formulación de las estrategias territoriales de gestión financiera del riesgo de desastres de los Departamentos de Cundinamarca, el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y Putumayo, así como del área Metropolitana del Valle de Aburrá en Antioquia.
César Arias, director de Crédito Público y Tesoro Nacional, destacó que el asegurar el acceso a fuentes de financiamiento a nivel nacional y territorial para atender un desastre, con el fin de responder a las fases de emergencia, rehabilitación y reconstrucción, "es un factor de mitigación del riesgo clave ante el alto potencial de afectación que este tipo de eventos tiene sobre los indicadores sociales, fiscales y económicos del país".
"Colombia es un país altamente expuesto a emergencias y por eso ha decidido asumir una actitud proactiva, convirtiéndose en pionero y referente internacional en este tipo de estrategias”, agregó.
De igual manera, el Ministerio de Hacienda señaló que este trabajo ha permitido a los territorios avanzar en su gestión financiera de riesgos en el marco de las buenas prácticas internacionales y una adecuada articulación Nación – Territorio.
“Invitamos a las demás entidades territoriales a consultar la Nota Técnica sobre las Estrategias de Protección Financiera del Riesgo de Desastres (EPFRD), una guía práctica y sencilla para avanzar en sus esfuerzos de prevención y gestión de emergencias, los cuales han cobrado particular relevancia en la coyuntura actual del covid-19”, expresó César Arias.
La jornada fue promovida como una demostración de apoyo ciudadano al incremento de 23,7%, el cual Petro ha defendido como un ajuste con fundamento técnico, económico y constitucional
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