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Lo anterior, teniendo en cuenta que a la fecha ya existen inversionistas precalificados y en el reglamento de segunda etapa dentro del programa de enajenación de las acciones ordinarias de propiedad de la Nación en Isagen, no se encuentra regulado el proceso de precalificación adicional.
Para el Ministerio Público, si bien el proceso de enajenación se lleva a cabo bajo el régimen privado, cualquier acto administrativo impone la obligación de ser motivado, al menos, en forma sumaria si afecta a particulares, de acuerdo a lo estipulado en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
En la misiva al ministro Cárdenas Santamaría, la Procuraduría resalta que la jurisprudencia ha señalado que la administración está obligada a expresar los motivos en que fundamenta sus decisiones y a establecer la correspondencia entre los hechos y las consideraciones jurídicas contenidas en el acto administrativo.
Esta pelea se da luego que la ANI rechazara la propuesta presentada por Odinsa, la cual contemplaba inversiones cercanas a $7 billones para modernizar y ampliar corredores estratégicos en la región
Durán tiene experiencia en alianzas con la banca multilateral y foros globales, como el BID, CAF y el Foro Económico Mundial (WEF).
La movilidad hacia la terminal más importante del país está siendo amenazada por un cóctel de problemas asociados a protestas y fallas en las vías
