Minería ilegal no cesa y deja nuevas víctimas en Antioquia

Dos manifestantes muertos fue el saldo que dejaron los enfrentamientos entre la policía y mineros ilegales en Buriticá, Antioquia, mientras se realizaba un operativo de desalojo de más de 3.000 personas.

Según la administración municipal, esta población ha llegado a la zona desde otros municipios antioqueños en los últimos dos años. Las autoridades ordenaron la evacuación luego de que el Departamento Administrativo de Prevención de Desastres (Dapard) informara que los entables y socavones de explotación ilegal estaban en riesgo de deslizamiento.

La orden fue anunciada luego de publicarse el decreto 4907, el pasado noviembre. La Policía, Defensoría del Pueblo y Gobernación de Antioquia, informaron a los ocupantes la necesidad de evacuar, pero las personas hicieron caso omiso y se enfrentaron a las autoridades con armas y explosivos.

“En la zona hay captación ilegal de agua en 52 puntos y un mal manejo del recurso que se irriga en la montaña generando sobresaturación, además de un número de socavones, lo que hace que la montaña tenga la consistencia de un merengue”, señala César Hernández, director del Dapard.

Debido a esta actividad, agregó el directivo, cerca de 20 personas han muerto por causas relacionadas con minería ilegal en Buriticá, en 2013. “Entre los desencadenantes de esta problemática se encuentran la manipulación de explosivos ilegales, intoxicación y deslizamientos”.

Este panorama ameritó el pronunciamiento de Santiago Londoño, secretario de Gobierno de Antioquia, quien rechazó la relación existente entre mineros ilegales y las Bacrim. “Cinco personas fueron capturadas en medio de los enfrentamientos, entre ellas un menor de edad con material explosivo”, afirmó Londoño.

Adicionalmente, el Dapard indicó que la comisión humanitaria atendió a 230 familias que fueron llevadas a sus lugares de origen como Remedios, Segovia y Medellín, mientras que otras 120 están en el proceso. Se estima que, en total, unas 1.700 personas explotan ilegalmente el oro en la zona, lo que representa más de 80% de los foráneos.

Luego de este incidente, las autoridades cerraron el acceso a Buruticá. “Creemos que el desmonte de todos los cambuches y negocios que se apostaron allí durará unos 15 días. Ninguno de ellos tiene licencia para ocupar el territorio”, detalló Hernández.

Una calamidad anunciada
El uso indiscriminado de un explosivo casero llamado ‘polvo loco’, fabricado con materiales como azúcar, amoniaco y fosfato de calcio, ha desestabilizado los acantilados y causado un incremento desproporcionado en las víctimas. En contraste, Continental Gold, única minera autorizada en Buriticá desde hace más de seis años, conmemoró 365 días sin accidentes laborales, durante el pasado 20 de agosto.

“La economía local convulsionó a costa de la tranquilidad y seguridad de los habitantes. Es difícil decirle a la gente que hay que frenar la actividad ilegal, pero ahora tenemos prostitución, drogadicción y problemas de movilidad. Hay muchas motos que transitan a gran velocidad y heridos por esta misma causa” argumenta el Secretario de Gobierno de Buriticá, Diego Guzmán.

Parte de esta coyuntura tiene su explicación en 2011, cuando comenzó la invasión de los mineros ilegales, que han cambiado a una comunidad tranquila.

Como consecuencia, la gente del municipio ha abandonado sus labores tradicionales por la hechicería del oro, desestabilizando al municipio con los excesos de dinero fácil.

Otros sectores económicos también han cambiado. “En términos de alojamiento ya no hay disponibilidad. La minería ilegal ha causado una burbuja económica. Una vivienda o casa ahora cuesta tres veces lo que costaba antes. Necesitamos ser conscientes de cómo estamos arruinando nuestra vida”, explica Guzmán.

Pese a esta urgencia, la intervención de la Gobernación de Antioquia se hace luego de más de tres años de no atender la proliferación de asentamientos ilegales.

Las dos caras de la moneda
El impacto de la invasión de la minería ilegal en Buriticá contrasta con los beneficios que augura el desarrollo que realiza Continental Gold. Este proyecto se perfila, según los expertos, como la primera mina moderna de oro en Colombia.

Esto se debe a que la minera le apuesta a una operación responsable con el medio ambiente y un componente social basado en la educación, la salud, la productividad y la inversión en infraestructura social. Como parte de esa visión, la empresa asegura que creará 1.000 empleos adicionales a los 500 directos que ya ofrece. Además, ha convertido la única mina tradicional existente en la población, en una “Mina Escuela” en donde actualiza a los mineros oriundos de Buriticá en el tema de responsabilidad social.

Es por esto que, desde hace tres años, la empresa ha advertido al Estado sobre los peligros que implican las invasiones de sus concesiones, y solicitó que se cumplan las obligaciones legales. Pero solo hasta el pasado octubre, mes del deslizamiento, se ha comenzado a resolver los hechos.

Aunque en la actualidad, el pie de fuerza en la zona y los controles por parte de las autoridades se han intensificado, muchos mineros ilegales continúan operando, aún en medio de los operativos de desalojo. La semana anterior, por ejemplo, se presentó una nueva muerte por intoxicación en el sector de San Antonio. Esta vez, la víctima fatal fue Gustavo Serna, un minero informal de 30 años, oriundo de La Dorada, Caldas.

Dado lo anterior, es claro que los esfuerzos del Estado deben concentrarse en salvaguardar la vida. Pero, además, en ofrecer las condiciones para que la minería bien hecha, generadora de empleos dignos y regalías se desarrolle de una forma consecuente con el desarrollo de la región.

Para lograrlo, Continental Gold, de la mano con el Gobierno Nacional y Departamental, viene trabajando en un proceso de formalización de 580 mineros de la zona, cuya única aspiración es la de comenzar a hacer las cosas bien y no estar ligados a grupos criminales.

“CNL está trabajando con el mayor compromiso y responsabilidad con las autoridades locales y nacionales para ayudar a resolver lo que es una situación muy difícil. Está haciendo un trabajo importante para acercarse a los mineros informales y asociaciones de mineros informales,” dijo Juan Guillermo Castro de la Agencia Nacional de Minería (ANM).

A su vez, la Gobernación de Antioquia ha construido su administración sobre la plataforma de la educación, la legalidad, la salud y el fomento de las oportunidades para el desarrollo, todo esto encapsulado en el lema “Antioquia la más educada”. La encrucijada social que actualmente padecen los habitantes de Buriticá, se convierte en una buena oportunidad para que la sociedad civil tome conciencia acerca del papel que puede jugar la minería, como socio estratégico para la construcción de región.

Actividad mineral legal
La extracción de minerales de forma legal debe garantizar las inversiones no solo para la producción de los elementos. También debe presentar un plan para el desarrollo de infraestructura estable y el favorecimiento de las comunidades aledañas. En Buriticá, Continental Gold, desde hace seis años, es la única compañía autorizada para realizar la minería.

Actividad de extracción ilícita
Más que preocupación una alerta de urgencia ha dejado en el país la actividad minera que se desarrolla de forma ilegal. En parte, porque el poco conocimiento y capacidad económica ha llevado al uso de explosivos caseros, que han dejado más de un accidente. Solo en el caso de Buriticá, Antioquia, se estima que este año han fallecido unas 20 personas por culpa de esta actividad.

En Risaralda, se gradúan 290 mineros
El Gobierno avanza con su programa para formalizar a los mineros. Como parte de esta iniciativa, en Risaralda hoy se gradúan los primeros 290 mineros, que fueron formados bajo esquemas de responsabilidad ambiental. Estos avances son el resultado de la alianza suscrita entre la Corporación Autónoma Regional de Risaralda, la Agencia Nacional de Minería (ANM), la Universidad Tecnológica de Pereira (UTP) y la Fundación Universitaria del Área Andina, “para brindar competencias a la comunidad de la pequeña minería del departamento, en pos de una actividad responsable y sostenible con el ambiente”.

Las opiniones

Santiago Londoño
Secretario del Gobierno de Antioquia
“Cinco personas fueron capturadas en medio de los enfrentamientos en el municipio, entre ellas un menor de edad con material explosivo”.

César Hernández
Director del Dapard
“En la zona hay captación ilegal de agua en 52 puntos y un mal manejo del recurso que se irriga sobre la montaña generando sobresaturación”.

Juan Guillermo Castro
Vicepresidente de competitividad la ANM
“CNL está trabajando con el mayor compromiso y responsabilidad con las autoridades locales y nacionales, para ayudar a resolver esta situación difícil”.