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Distribución del Presupuesto General de 2027
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Ponencia mantiene PGN de $634,9 billones y redistribuye recursos de sectores; Hacienda tendría $4,5 billones adicionales
Poco tiempo les queda a las plenarias del Senado y la Cámara de Representantes para estudiar y dar vía libre a la ponencia de segundo debate del proyecto de Presupuesto General de la Nación, radicada ayer en el Legislativo.
Si el Congreso no aprueba el documento antes del martes 20 de octubre, quedará vigente el que superó el primer debate, con las proposiciones presentadas por los parlamentarios.
El monto se mantiene: el PGN de 2027 será de $634,9 billones, tal como se aprobó en el primer debate.
Sin embargo, se modifican sustancialmente las partidas de gasto de algunos sectores, principalmente Hacienda y Minas y Energía.
El mayor ajuste propuesto en la ponencia corresponde al servicio de la deuda pública nacional, cuyo presupuesto pasaría de $152,4 billones, aprobados en primer debate, a $144,1 billones en segundo debate.
Esto representa una reducción de $8,36 billones, equivalente a 5,5%. Sin embargo, la cifra difiere de los $6 billones que, inicialmente, habían acordado los ponentes y el ministro de Hacienda, Miguel Gómez.
El segundo gran ajuste se da precisamente en la cartera económica. La ponencia para segundo debate del PGN 2027 propone adicionar $4,5 billones al Ministerio de Hacienda, de los cuales $3,9 billones se destinarían a inversión y $600.000 millones a gastos de funcionamiento. Con esta modificación, el presupuesto del sector pasaría de $43,5 billones a $48 billones.
“Queda radicada la ponencia para segundo debate del Presupuesto 2027, con ajustes de último momento por los que hemos insistido: se reduce el servicio de la deuda en $8,4 billones. Los gastos de funcionamiento y el endeudamiento heredado asfixian la inversión. Sin embargo, un buen reperfilamiento de la deuda y un programa de austeridad permitirán liberar mayores recursos”, dijo el senador Christian Garcés, coordinador ponente del proyecto.
El documento también propone adicionar $3 billones al sector de Minas y Energía para financiar subsidios a las tarifas de energía eléctrica, gas por redes y GLP, así como el transporte de combustibles líquidos en zonas de frontera. De concretarse el ajuste, el presupuesto del sector pasaría de $7,5 billones a $10,51 billones.
La ponencia también contempla recursos adicionales para otros sectores. En Organismos de Control, propone una adición neta de $267.000 millones, luego de sumar $310.000 millones y descontar $43.000 millones de la Procuraduría General de la Nación.
Los recursos buscan continuar la modernización tecnológica, fortalecer el seguimiento disciplinario, la analítica y la inteligencia artificial, así como robustecer los programas de atención a víctimas, derechos humanos y servicio al ciudadano.
En información estadística, se adicionarían $150.000 millones de inversión al Dane, con el propósito de optimizar la recolección y el acopio de información estadística oficial.
“Los gastos de funcionamiento y el endeudamiento heredado asfixian la inversión. Sin embargo, un buen reperfilamiento de la deuda y un programa de austeridad permitirán liberar recursos”.
Por su parte, a la Registraduría se le adicionarían $200.000 millones. De estos, $100.000 millones se destinarían al funcionamiento del Consejo Nacional Electoral para fortalecer sus labores de control electoral y otros $100.000 millones a la inversión de la Registraduría Nacional del Estado Civil, para reforzar los procesos del sistema de identificación nacional y la capacitación.
La ponencia también propone adicionar $100.000 millones a la Fiscalía General de la Nación para atender sus necesidades de capacidad organizacional y operativa durante 2027. Además, contempla $43.400 millones para la Universidad del Ministerio Público.
Finalmente, en Defensa y Policía, se incluyen $31.000 millones netos adicionales en funcionamiento para el subsistema de salud de la Policía Nacional, provenientes de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.
Cabe señalar que en el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, se reducen $170.000 millones: $30.000 millones de funcionamiento y $140.000 millones de inversión.
La mesa contó con la participación de las centrales sindicales y gremios
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