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Irene Vélez, ministra de ambiente y directora de la Anla
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El Tribunal de Bucaramanga declaró la nulidad del incidente de desacato, por lo que dejó sin efectos la decisión previa emitida por el Juzgado de Málaga
El Tribunal de Bucaramanga declaró la nulidad sobre el incidente de desacato, proferido por el juzgado de Málaga, que falló contra el Ministerio de Ambiente, y le impuso una sanción económica, por presuntas irregularidades en la delimitación del páramo Almorzadero.
En principio, la sanción iba dirigida contra la ministra encargada, Irene Vélez, y otros dos funcionarios de la cartera de Ambiente (Delio Mendoza, director de bosques y biodiversidad y Mauricio Cabrera, viceministro de políticas y normalización ambiental), y se derivaba de un supuesto desacato por parte de los funcionarios que estaban en la entidad en 2019.
El pleito se deriva porque el Gobierno no había expedido los lineamientos de la delimitación mediante un proceso participativo con las comunidades, que había sido ordenado por el Tribunal Superior de Bucaramanga.
“El Tribunal precisó que el juzgado de primera instancia en Málaga incurrió en irregularidades procesales al momento de abrir el incidente, específicamente por fallas en la notificación e identificación de los responsables, lo que vulneró el derecho al debido proceso. En consecuencia, el trámite deberá rehacerse desde su inicio, con todas las garantías procesales para las partes involucrada”, señaló el Ministerio de Ambiente en un comunicado.
La decisión exime de toda responsabilidad a los funcionarios del ministerio, y ordena el reinicio del proceso, es decir convocar nuevamente a las comunidades y volver a sustentar los lineamientos.
“La entidad reitera su disposición de avanzar, junto con las comunidades y actores institucionales, en un proceso transparente, garantista y responsable frente a la protección de los páramos y la participación ciudadana en las decisiones ambientales”, señaló el ministerio.
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