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Irene Vélez, ministra de Minas y Energía. Foto: Ministerio de Minas y Energía
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La cartera ambiental infomí que la consukta estará disponible hasta el 19 de febrero y busca recoger los aportes de los ciudadanos y pueblos étnicos
En cabeza del Ministerio de Ambiente, el Gobierno abrió la consulta pública para definir la hoja de ruta que permitirá la implementación del Acuerdo de Escazú.
Este proceso de consulta estará abierto hasta el 19 de febrero y busca recoger aportes de la ciudadanía, comunidades, pueblos étnicos, organizaciones sociales, academia, autoridades territoriales y demás actores interesados, cumpliendo con el carácter participativo del Acuerdo de Escazú.
“Esta ruta propone acciones concretas para garantizar el acceso a la información ambiental, promover la participación pública incidente en temas ambientales y fortalecer el acceso a la justicia ambiental, con un énfasis especial en la protección de la vida y la dignidad de quienes defienden los territorios y el ambiente”, señaló Irene Vélez, ministra encargada de Ambiente.
La cartera explicó que esta hoja de ruta orientará la implementación del Acuerdo de Escazú, “con base en los principios de derechos humanos, gobernanza ambiental, garantía de los derechos de acceso, protección de las personas defensoras del ambiente y fortalecimiento de la cooperación regional”.
Entre los ejes prioritarios del documento se destacan:
La protección integral de las personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales, a través de acciones de prevención y coordinación interinstitucional.
El acceso efectivo a la justicia ambiental y la garantía del principio de no regresividad en la protección de los derechos humanos ambientales.
La prevención del daño ambiental y la superación de injusticias históricas, incorporando enfoques de igualdad, no discriminación y justicia distributiva.
El fortalecimiento del acceso a la información ambiental, mediante la consolidación del Sistema de Información Ambiental de Colombia (SIAC), la transparencia activa y el principio de máxima divulgación.
La promoción de una participación pública incidente, informada y culturalmente pertinente, que reconozca la diversidad sociocultural y el diálogo de saberes.
La incorporación del enfoque de derechos humanos ambientales en la planificación, el ordenamiento territorial, el licenciamiento ambiental y las políticas sectoriales.
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