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El director General de Ordenamiento de Territorio y Coordinación del SINA, Aníbal Fernández de Soto, aseguró que los alcaldes de los 43 municipios afectados podrán ajustar sus planes de ordenamiento territorial.
Luego de una reunión entre el Ministerio de Ambiente y el alcalde de Subachoque, Omar Salamanca, el Gobierno aseguró que “los alcaldes pueden proceder con tranquilidad a aprobar sus planes de desarrollo, y a revisar y ajustar sus planes de ordenamiento territorial”.
Según Fernández de Soto se expedirá una nueva resolución sobre la situación de la declaratoria de reserva forestal en los municipios ubicados en la cuenca alta del Río Bogotá que permitirá aclarar la situación del régimen de transición que se aplicará, mientras “se realindera la reserva y que va a permitir que sin ningún problema se puedan expedir los planes de ordenamiento y los planes de desarrollo. De hecho, Bogotá ya aprobó su Plan de Desarrollo, por eso estos municipios no deberán tener ningún problema”.
Según el funcionario con la resolución también se le dará solución a la preocupación de los alcaldes sobre la posibilidad de construcción de viviendas unifamiliares rurales.
El Alcalde de Subachoque, aseguró que se lograron algunos acuerdos “entre la Gobernación, el Ministerio, la CAR y los municipios, y con esto tenemos la tranquilidad de que podemos convivir en un medio ambiente y siendo cuidadosos podremos desempeñar nuestras actividades económicas sin problemas”.
Entre los acuerdos a los que se llegaron es que la CAR de Cundinamarca y Corpoguavio, en un máximo de 7 meses, expedirán el estudio que permitirá el realinderamiento definitivo de la reserva. Además los municipios se comprometieron a enviar a las CAR la información pertinente para excluir de la reserva el suelo urbano, de expansión urbana y de infraestructura y equipamientos básicos y de saneamiento ambiental asociados a esas dos clases de suelos.
Según la Alcaldía de Bogotá, este incremento serviría de mecanismo para mitigar el impacto del mayor crecimiento de las variables macroeconómicas sobre los costos del Sistema.
A través del decreto presentado se estipula que el PGN asciende a $546,97 billones, una cifra que incorpora ajustes derivados del estado de emergencia económica declarado en 2025
Los aumentos más notables se aplicarán a los vehículos de alto riesgo, es decir, motocicletas, taxis y microbuses, teniendo un ajuste de 5,17%