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ECONOMÍA Más de la mitad de los trabajadores pertenece a la informalidad
miércoles, 27 de febrero de 2013
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Andrés Emilio Vargas - anvargas@larepublica.com.co

Colombia cerró 2012 con 2.222.000 personas sin trabajo, a saber una tasa de desempleo de 9,6%. Por su parte, el número de ocupados llega a los 21 millones, pero con un porcentaje alto de informalidad. El 51% de ese total aún trabaja en el tradicional ‘rebusque’. En este mercado, los hombres conforman el 50,3% y las mujeres el 49,7%.

Para finales de 2011 las cifras de informalidad eran de 50,5%; ahora aumentó 0.7 puntos porcentuales. 

Para el doctor en economía de la Universidad de los Andes, Andrés Álvarez, “esta situación no ha variado mucho, ya que a pesar de las fluctuaciones, la informalidad ha permanecido en el borde del 50%”. Para que esta situación merme un poco y tenga cifras considerables “debe haber un crecimiento económico anual superior del 6%”, de lo contrario sólo se mantendrá el sistema productivo, indicó. En Colombia el sector minero-energético ha tenido un buen momento, pero algunos como la agricultura están pasando por una crisis severa. 
 
Por otra parte, las medidas del gobierno para obtener más recursos por contribución al sistema de seguridad social y cotización de pensiones, si bien tienen más cotizantes, no han tenido el auge que se esperaba. El número de personas afiliadas a seguridad social aumentó 1,4 % respecto al año anterior. Asimismo, el 89,5% de los ocupados, tanto en trabajos formales como informales, reportó estar afiliado a salud.
 
Por otra parte, el Dane indicó que el total de ocupados cotizantes a entidades administradoras de fondos de pensiones aumentaron en 4,5% en comparación a 2011. 
 
Ocupados con contrato
 
Para fin de año, los ocupados con contrato representaron el 61,6%. “La proporción de informalidad fue de 27,4% mientras que en los ocupados sin contrato esta proporción se situó en 89,4%”, indicó el Dane.
 
El 69% de los trabajadores con contrato escrito firmaron acuerdo por la modalidad de término indefinido. El 32,9% restante lo hizo a término fijo. 
 
Las ciudades con más informalidad fueron Cúcuta con un índice de 71,4%, Montería con un 63,2% y Pasto con 61,9% Los cambios de la moneda venezolana, el contrabando, y la precaria demanda que ha motivado el cierre de varios establecimientos, rezagaron a la capital de Norte De Santander al ‘rebusque’. 
 
Ante este panorama, algunos economistas y conocedores de la gestión pública, aseguran que para reducir la informalidad y alcanzar niveles bajos de desempleo se requiere educar a la población con el fin de que el país sea más competitivo y no se limite sólo a un mercado interno. 
 
Juan Manuel Santos planteó como solución la reforma a la educación, que finalmente fue interrumpida por los estudiantes.
 
Por otra parte, la reforma tributaria, que a penas entra en vigencia, pretende reducir los parafiscales de las empresas con el fin de que puedan contratar más empleados. No obstante, esta solución se dará una vez esté totalmente en marcha.
 
La informalidad está a un paso de ser legal
 
Para el director del Centro de Investigaciones Económicas y Financieras del Icesi en Cali, Julio César Alonso, “la informalidad es negativa en el sentido que las personas quedan desprotegidas de servicios de salud y pensiones, lo cual a largo plazo acarrea problemas para el Estado”. No obstante, indicó que en los países en vías de desarrollo es común que las microempresas inicien en la informalidad y luego cuando crecen y obtienen recursos se formalicen.  
 
Informalidad no implica sólo el tradicional ‘rebusque’. Desde allí, profesiones como la odontología o el derecho, se pueden desempeñar muy bien. “Algunos profesionales hacen parte de la informalidad y obtienen grandes recursos, mucho más de lo que podrían ganar en una empresa”, indicó Julio César Alonso. Un ejemplo de esto son los bicitaxis, a los que el Concejo de Bogotá ha pretendido reglamentar, en vista de que son una la solución para el transporte de más de 150.000 personas.
 
En suma, la informalidad acarrea problemas tributarios, porque se evaden impuestos, y compromete el futuro del erario público, pues es el Estado quien al final debe responder por las personas que no cuentan con una pensión o servicio de salud. 

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