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Expertos apuntan a que el Estatuto Temporal de Protección debe estar acompañado de políticas públicas para garantizar derechos
El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) reveló los resultados de la Encuesta Pulso de la Migración para el periodo de marzo y abril de 2022. Juan Daniel Oviedo, director del Dane, aseguró que la información busca dictaminar las problemáticas de la población en materia de bienestar subjetivo, estereotipos y participación en el mercado laboral.
“Estamos representando 2,27 millones de migrantes venezolanos que tienen una edad de quince o más años, incluidos los colombianos que retornan de ese país luego de estar muchos años allí. La población incluida está por encima de 15 años”, destacó Oviedo.
De esta manera, 51,3% de los encuestados se mostraron optimistas al considerar que la situación económica de sus hogares sería mejor dentro de los 12 meses siguientes si se compara con la actualidad. Alrededor de 28,9% afirmaron que se mantendría igual y 8,2% dijo que la situación sería peor dentro de un año.
Iván Jaramillo, experto del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario, aseguró que la política de regulación contenida en el Estatuto Temporal de Protección está dirigida para 2,38 millones de venezolanos que hay en Colombia, según uno de sus últimos reportes. De esta cifra, al menos 1,29 millones de ciudadanos de este país han tramitado el permiso de protección temporal.
“Para tres cuartas partes de las familias venezolanas no ha habido cambios en el hogar relacionados con la modificación del núcleo familiar”.
“El próximo gobierno debe evaluar qué pasará con el tema de reconocimiento de derechos y acceso a créditos para la población venezolana. Ha sido algo complejo para ellos”.
“Con esa regulación migratoria hay una habilitación para el ingreso a la formalidad laboral y a los espacios de conocimiento del derecho laboral. Desafortunadamente, debido a todas las carencias que tenemos en Colombia en materia de políticas activas hay una fuerte presión de la informalidad en los venezolanos que hemos recibido en el país”, aseguró el experto sobre la problemática. Jaramillo agregó que la regularización migratoria ante el Estado colombiano sirve para combatir la informalidad, pero los ciudadanos que no hayan hecho el trámite están condicionados a las características negativas de tener trabajos con pocas garantías. “Es un problema bien estudiado, por ejemplo, en Europa, donde reciben flujos altos de migración mucho más altos que nosotros”, aseguró.
La informalidad ha sido prevalente para este tipo de población en Colombia, pero los analistas aseguran que la regularización migratoria debe ir acompañada de políticas activas que promuevan la formalidad para que haya accesos a espacios de trabajo decentes: la informalidad afecta el acceso a bienes y servicios.
Jaramillo afirmó que el Estatuto de Protección está previsto para tener una cobertura de 10 años, pero solo parece estar enfocado en el tema migratorio. El próximo gobierno debe apuntar a tener más planes para reconocer derechos y acceso a créditos.“Cuando llegan a un banco y no presentan un certificado laboral, seguramente la persona no dará el crédito porque los migrantes no se ajustan a las políticas”, dijo el experto.
Oviedo aseguró que casi una cuarta parte de la población migrante (32,3%) no ha utilizado los servicios migratorios que ofrece el Gobierno. Sin embargo, resaltó que tres cuartas partes de la población sí han accedido y 42,6% del total nacional se ha mostrado satisfecho.
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