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El jefe de este organismo de control, Edgardo Amaya asegura que de los $36 billones de recursos de la salud, la Contraloría observa riesgos en la administración de la base de datos del sistema: existen 155.000 registros que representan $61.800 millones entre duplicados, multiafiliados y fallecidos.
Agregó además que “los hospitales públicos no están prestando de manera oportuna los servicios de salud y tienen problemas de flujo de recursos, toda vez que la administración de las deudas de las EPS con la red hospitalaria es todavía ineficiente y les ha generado problemas de liquidez”.
Y es que uno de los problemas en el flujo de recursos de los hospitales se da en gran medida porque las EPS siguen sin cumplir con la normatividad vigente que establece que el giro de los recursos por capitación debe hacerse anticipadamente dentro de los primeros 10 días de cada mes, así como la poca efectividad en las glosas sobre esas cuentas que se presentan, justificadas o injustificadas, que se generan en el cobro de los servicios por parte de los centros hospitalarios.
A esto se le suma, además, que existen EPS en liquidación que están insolventes y no pueden cancelar la totalidad de las deudas con los hospitales, lo que los lleva a no pagar a su empleados, médicos y enfermeras y a evitar cancelar las cuentas de servicios públicos.
La medida se suma a un paquete de 15 decretos para acelerar la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto
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