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El trámite de la reforma al SGP tiene hasta el 16 de diciembre para tener su aprobación en los ocho debates, de lo contrario, se hundiría por vencimiento de términos
La Plenaria del Senado aprobó ayer en bloque la totalidad del proyecto de acto legislativo al Sistema General de Participaciones y ahora pasará al séptimo y penúltimo debate para reformar la Constitución.
Pese al enfrentamiento entre el Gobierno por la viabilidad de la reforma al Sistema General de Participaciones, SGP, el trámite se habría “destrabado” en el Senado. Aunque los legisladores siguen temiendo por el riesgo fiscal, el ponente de la propuesta, Ariel Ávila, dijo que se lograron los acuerdos para que el proyecto siga avanzando.
Los puntos críticos serían el umbral de los ingresos corrientes y el plazo de asignación. La propuesta original era de 46% de los ingresos de la Nación, y aunque los analistas sugerían un aumento entre 35% y 37%, los legisladores acordaron que el aumento fuera de 39,5%, gradualmente en los próximos 12 años.
Según las proyecciones actuales, el Gobierno Central destinará el próximo año $82 billones de los $317,8 billones de los ingresos corrientes de la nación.
Con la reforma, y bajo la premisa de la gradualidad, las cifras se mantendrían casi que iguales, pero el aumento del SGP pasaría de $82 billones en 2025 a $163,58 billones en 2032, es decir, $16,78 billones más que con el otro escenario.
“El Sistema General de Participaciones como porcentaje de los Ingresos Corrientes de la Nación, se incrementará cada año, a partir de 2027, en un porcentaje igual a la duodécima parte de la diferencia entre 39,5% y el porcentaje del SGP de 2026, de modo que en 2038 se llegue a 39,5%. En ningún caso los recursos del Sistema General de Participaciones podrán decrecer en términos reales de un año a otro”, sustentó el senador Ávila.
De hecho, el congresista aseguró que no haber hecho los ajustes de las asignaciones presupuestales, ha generado pérdidas acumuladas para los territorios que superan $400 billones en 2023. El legislador agregó que el año anterior el Gobierno transfirió $56 billones a las entidades territoriales, y las proyecciones para 2024 estiman que el monto ascienda a $67 billones.
El proyecto también se habría destrabado por que se acordó que la reforma debe ir acompañada de una ley de competencias, objeción hecha desde el Ministerio de Hacienda para darle su respaldo a la reforma, y que conceptos como los de Corficolombiana, Anif y el Carf habían hecho.
“Para estar dentro del marco fiscal de mediano plazo, se debe garantizar el pago de la deuda interna y externa. La propuesta aguanta sin ningún problema 40%, pero se dejó en 39,5% siendo la primera parte del acuerdo. Lo segundo es que la transición va a durar no 10, sino 12 años, el aumento que va a haber de los recursos de esas transferencias del SGP se divide en 12 partes, cada año aumenta una duodécima parte, pero en la vida real no son 12, sino 14, porque se dan dos años para una ley de competencias, además, se incluyen otra serie de compromisos que las entidades territoriales tienen que asumir como el tema de las coberturas de la primera infancia”, sentenció el senador Ávila.
Pese al ajuste, el monto del umbral sigue siendo más alto de lo sugerido por los analistas, y hasta por algunos senadores. Por ejemplo, Anif propuso que el alza de las transferencias sea de 37%, mientras que Corficolombiana sugirió una subida máxima de 35%.
Pues al igual que Anif, la senadora Angélica Lozano propone que el umbral sea de 37%, soportado en el reporte de la Misión de Descentralización.
La discusión por el umbral es clave ya que en los escenarios propuestos el país queda expuesto a quebrarse. Aunque en el Senado la idea de 39,5% habría destrabado el debate, algunos analistas dicen que el país no puede soportar el aumento.
“Ministros y congresistas, con 46,5% el Estado queda 200% quebrado. Con 39,5% el Estado queda 180% quebrado. Dejen de jugar con candela (...) Les pongo una prueba ácida de su reforma: apruébenla para 2025” posteó en X el exministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry.
El mandatario también resaltó que en Cali las ventas comerciales aumentaron 400% y se registró una notable ocupación hotelera
El mandatario afirmó que el uso de estos métodos se detectó desde 2020. "Los asesores de esta EPS privada y no intervenida, ofrecían sus servicios a otras EPS e IPS para hacer lo mismo"
El recorte se ampliaría desde uno de $20 billones (US$4.514 millones) anunciado por el Ministerio de Hacienda en junio debido a la caída de los ingresos