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El foco del proyecto será la inversión en cinco elementos: ayudas a los estratos bajos; inversión de la Nación; identificación de proyectos esenciales; entrada de nuevas empresas en la Costa, y vigilancia y sanciones de la Superservicios.
El primero, según explicó González, es “ayudar a los usuarios más frágiles económicamente a pagar la tarifa del servicio”. Y aclaró que en concreto significa: “mantener los niveles de subsidio a los estratos uno y dos en 60% y 50%, respectivamente. Dos, que los recursos del Fondo de Energía Social, que son para personas que ni siquiera son estrato uno, se duplicarán para apoyarlos en el pago. Y tercero, se acaba la separación de las tarifas de las empresas Energía Social (la cual es para estratos bajos) y Electricaribe”.
La segunda medida busca aumentar los recursos para la inversión, y “acá es importante ver lo que hizo el PND, ya que amplió los recursos de los fondos de energía, Foez, Prone y Faer para normalizar la prestación y aumentar cobertura”, explicó el Ministro.
La tercera medida es identificar los proyectos de mayor impacto, para saber dónde, cuándo y cómo invertir. Así, se identificaron 394 proyectos en la Costa, que supondrán una inversión en los próximos cinco años de $4 billones. De estos, $2 billones van a los “proyectos nacionales” y los otros a las líneas de transmisión regional.
Cuarto, el plan de inversiones no depende únicamente de Electricaribe, ya que según González no tiene la capacidad y agilidad para llevarlo todo a cabo, por lo que se abrirán licitaciones donde participarán otras empresas.
Finalmente, se le hará seguimiento y vigilancia a los 394 proyectos que ya están estructurados con fechas de inicio y fin. Este seguimiento lo hará la Superservicios, la cual con el PND ahora tiene la capacidad de establecer multas hasta por 100.000 salarios mínimos.
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A diferencia del Ejecutivo, el banco proyecta que el déficit fiscal alcanzará 6,5% del PIB al finalizar este año y se reducirá a 5,9% del PIB en 2027
La deuda externa cayó 10,1% mensual, en un valor equivalente a $35,4 billones, por un cóctel de factores que incluyó el pago anticipado de una parte de los TRS