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Según Francisco José Lloreda, presidente de ACP, es importante entender que "no son las empresas las que deciden donde realizar actividades de exploración y producción, sino el Gobierno a través de la ANH, el que determina, de acuerdo con estudios de prospectividad, la ubicación de los bloques y áreas para dicha actividad".
De igual manera señaló que en el marco de la institucionalidad y regulación fue que se solicitó la licencia en una zona donde no se presentaba ninguna limitación de orden legal o técnico. "El proceso tomó cuatro años y nueve meses, debido, entre otras, al rigor con el que la Anla analizó la solicitud".
Es por esta razón que, según Lloreda, es preocupante que una de las razones para revocar la licencia fue un recurso de reposición que tomó solo un día examinar. "Un día, cuando el tiempo promedio de estudio de los recursos de la entidad toma ocho meses".
Finalmente, explicó que la otra razón que entregó el director para revocar la licencia no sería tan válida, ya que señaló que era un hecho sobreviniente, es decir extraordinario y del cual no se tenía conocimiento, cuando en varios oficios consta el proceso que estaba adelantando Cormacarena.
La organización mencionó que el proyecto cumple con todas las normativas; por lo cual, consideró necesario que se reactive la exploración
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