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Ante la decisión de suspensión provisional del Consejo de Estado al Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Bogotá decretado por el alcalde Gustavo Petro en agosto de 2013, no hay claridad sobre lo que deben hacer los constructores que solicitaron licencias, o las tienen aprobadas o quieren tramitarlas.
Para dar una luz frente a la incertidumbre que vive la ciudad, Camacol Bogotá realizó el foro “Situación jurídica actual de la construcción en Bogotá y sus impactos en la actividad edificadora”, de donde salieron una serie de lineamientos que puede aplicar el constructor para aclarar este tema.
Uno de los invitados, el abogado Felipe de Vivero aseguró que el efecto práctico que tiene la suspensión del POT 364 de 2013, se presenta bajo tres escenarios.
El primero, si al constructor le fue expedida una licencia cuando el POT estaba vigente, esta es legal y tiene efectos jurídicos. El segundo, si la solicitud de aprobación fue presentada luego de la suspensión del Consejo, esta debe ser tramitada bajo los requisitos del Decreto 190 de 2004, que en este momento es el vigente.
Tercero, si la aprobación fue presentada justo en el momento cuando se suspendió el POT 364, hay dos caminos, según de Vivero. Por un lado, el constructor puede solicitar la suspensión del trámite mientras el Consejo toma la decisión final, o puede ajustar su solicitud a los requisitos del Decreto 190.
La situación más crítica la tienen aquellos que solicitaron la licencia y se les aprobó bajo el 364, y los trámites que en este momento están detenidos, que suman en total 4.218.
La veedora distrital, Adriana Córdoba, afirmó que es grave que a las autoridades que les compete definir aún no hayan dado claridad sobre la aplicación del POT. Y es que Distrito y Gobierno no van alineados en cuanto a la situación que vive la ciudad.
En el foro, el secretario de Planeación, Gerardo Ardila, explicó que el Decreto 190 ya no es el que la ciudad necesita, y que el Concejo de Bogotá no los dejó discutir su propuesta. “El Decreto 364 estaba dando buenos resultados, esperamos que los jueces decidan que la ciudad necesita otro horizonte”. Además, dijo que los constructores que presentaron esta solicitud están en su legítimo derecho de conocer qué va a pasar con su trámite y su inversión.
Por su parte, el viceministro de Vivienda, Guillermo Herrera, dijo que desde su punto de vista, esos trámites no eran un derecho adquirido, que no era viable tramitar una licencia bajo el Decreto 364 si está suspendido por ilegalidad, y que en este momento no tiene efecto jurídico en la ciudad.
La opinión
Adriana Córdoba
Veedora Distrital
“Es un estado grave que a las autoridades que les compete (Distrito y Gobierno) aún no hayan dado claridad y prioridad sobre la aplicación del Plan de Ordenamiento Territorial”.
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