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La fórmula para ponerle fin al lío jurídico respecto al salario de 1.900 funcionarios públicos, está lista. Se trata de un decreto que ya estaría en manos del presidente de la República, Juan Manuel Santos, para su revisión y posterior firma.
La medida surge luego del aprieto en que quedó el Gobierno por buscar una solución a la decisión del Consejo de Estado que ordena suprimir las primas de salud y de localización de los congresistas, y que afectó a 1.900 funcionarios, principalmente de la rama judicial, que tienen como referencia los ingresos de los parlamentarios.
La reducción suma, entre las dos prestaciones, cerca de $7,8 millones al mes; por eso la premura del ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, en encontrar una medida para cumplir la orden del Alto Tribunal.
El Minhacienda recordó que en Colombia las normas protegen los derechos adquiridos por lo que la reducción en materia salarial para los funcionarios podría acarrear una avalancha de demandas contra el Estado y “muy probablemente perderíamos todos esos pleitos”, sostuvo.
“Nosotros no le haríamos bien al Estado bajándole de un 'plumazo' el salario a estas personas”, agregó Cárdenas.
Finalmente, el jefe de la cartera de Hacienda aseguró que está buscando la oportunidad para conversar con el Presidente de la República sobre la medida. En este diálogo podrían participar además la Contralora, el Fiscal, el Defensor del Pueblo, el Procurador General y los presidentes de las Altas Cortes, quienes están interesados en que “la solución sea lo más pronto posible”, puntualizó.
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