Las "vías" que le quedan a la reforma laboral para salvar parte del articulado hundido

Por segunda vez la Comisión Séptima del Senado hizo tambalear los proyectos bandera del Gobierno de Petro, tal como ocurrió con la reforma a la salud, con ocho votos de 14 senadores que integran esta comisión radicaron ponencia de archivo para el hundimiento de la laboral que, aunque pasó sus dos debates, en Cámara no cuenta con la misma suerte para que avance en su tercer debate en el Senado.

Inmediatamente el presidente Gustavo Petro manifestó su descontento y aseguró que con esta decisión habría una ruptura entre el Congreso y el Gobierno, por ello convocó a una consulta popular para que sean los colombianos los que elijan el futuro la reforma laboral y a la salud.

Mientras se trabaja en la consulta, al tiempo, el Gobierno también prepara varios de los artículos que integran la reforma por decreto. Además, destacan que lo ideal es que se preserve el espíritu de este proyecto que aseguran busca preservar los derechos de los trabajadores.

Entre los detalles que consideran más importante es determinar la jornada laboral desde las 6:00 a.m hasta las 7:00 p.m y que se respeten las horas extras que corresponden al horario nocturno que comenzaría a las 7:00 p.m, así como los festivos y las jornadas dominicales. También ven imperante la reglamentación de los contratos para los trabajadores de plataformas digitales, así como formalizar los contratos de aprendizaje.

Milton César Jiménez, profesor e investigador del derecho público de la Universidad de Caldas aseguró que el presidente puede actuar como legislador excepcional, pero en temas muy puntuales de lo contrario sería un poco desproporcionado.

Dijo que apelar a la consulta popular para aprobar las reformas que no pasaron en el Congreso por falta de consensos es una figura poco convencional. Aun así, aclaró que para que esta consulta sea fructífera el presidente requiere tanto de la participación como de los votos de grandes mayorías de la ciudadanía.

La representante a la Cámara, María Fernanda Carrascal detalló que los artículos que se acordó que fueran por decreto cuando se debatía en la Cámara están relacionados con la negociación colectiva a multinivel en el sector privado, así como en limitar el uso para un solo trabajo.

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Destacó que la delimitación de la jornada laboral, así como el pago de las horas extras y festivos son entre los principales puntos que no deberían perderse si se hunde la reforma laboral

Opinión contraria tiene Carlos Monroy, profesor de derecho laboral de la Universidad Javeriana aseguró que no es viable ni la consulta popular, ni tampoco que se aprueben algunos artículos vía decreto.

“Lo que se pretendía hacer con la reforma era modificar artículos del código sustantivo del trabajo de la ley 50 del 90 de la ley 78 9/9/2002 y no es posible hacerlo porque el Ejecutivo en ejercicio de la potestad reglamentaria no puede modificar las leyes vigentes las puede reglamentar cuando hay necesidad de reglamentarlas pero no modificarlas ni adicionar. El Consejo de Estado ya ha anulado decretos que han implicado la extralimitación en el ejercicio de la potestad reglamentaria”, explicó.

Ángel Custodio Cabrera, exministro de Trabajo, dijo que este tipo de consultas son un mecanismo del cual no se debería utilizar y por el contrario deberían apelar al diálogo social para lograr consensos ya probar la reforma. Sobre aprobar artículos por decreto aseguró que había unos que sí eran viables como el de los derechos sindicales. “Pero debemos esperar los decretos u analizarlos, pero hasta ahora si hay varios que son viables”.

El proceso de la consulta

La Registraduría detalló que la logística y los costos de esta consulta pueden ser muy similares a los de una elección presidencial y que es el MinHcaienda el encargado del presupuesto.

Acotó que si se compara con lo que cuesta una elección presidencial, podría ir hasta $900.000 millones. La última consulta popular que se realizó en 2018, tuvo un costo de $310.479 millones.

Además, aclaró que la aprobación de la consulta requiere participación de la tercera parte del censo que hasta marzo era de 40,9 millones de ciudadanos y que luego obtenga el voto de la mitad más uno en el sufragio.