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En ocho días 15.000 empresas pagarán impuesto al patrimonio
Cerca de 15.000 empresas tendrán que pagar este gravamen; a pesar que la Corte Constitucional se reunirá hoy, en la agenda no aparece el trato de este decreto
Queda menos de una semana para que más de 15.000 empresas tenga que pagar la primera cuota del impuesto al patrimonio. Sin embargo, los ojos estaban puestos en la reunión de la Corte Constitucional y una posible solución acerca de este gravamen, a pesar de esto, en la agenda no está tratar este decreto, por lo que parece imposible para las personas jurídicas evitar la realización del pago.
Cabe resaltar que, la Corte volverá a sostener una reunión el próximo 8 de abril, por ende, la primera cuota, por el momento deberá ser pagada con normalidad; el plazo máximo para este primer 50% está para el 1 de abril, el monto restante será el 4 de mayo.
Las personas jurídicas afectadas son aquellas que cuentan con patrimonio líquido superior a $10.474 millones, la tarifa es de 1,6% para los sectores financiero y minero energético, y de 0,5% para el resto de actividades. Por su parte, las sociedades extranjeras también deberán pagar este gravamen cuando posean un patrimonio líquido igual o superior a $10.474 millones al 31 de marzo de este año.
Con este tributo, el Gobierno espera recaudar $8 billones, de los cuales la banca y el sector extractivo aportarían cerca de 56%.
Esta medida ya llevó a los grandes contribuyentes a rehacer sus cálculos fiscales del año, pues el gravamen se suma a la estructura tributaria existente y, en algunos sectores, podría llevar la carga impositiva total a niveles cercanos a 90%. Uno de los principales componentes es el impuesto de renta corporativo, cuya tarifa general es de 35% para las sociedades sin sobretasas.
Sin embargo, este impuesto al patrimonio a personas jurídicas aumentará la presión sobre la carga fiscal de las empresas, que en algunos casos ya supera incluso 80%.
Partiendo de que el propósito de una empresa que paga renta es generar utilidades, sobre esas ganancias se aplica un impuesto a los dividendos de hasta 39% para personas naturales y de 20% cuando se trata de personas naturales o jurídicas extranjeras.
A esto se suma el impuesto al valor agregado, IVA, de 19%; el impuesto al patrimonio, vigente tras la Reforma Tributaria, con tarifas entre 0,5% y 5%; el pago del ICA, que oscila entre 0,4% y 1,2% según la jurisdicción donde se generan los ingresos; el impuesto a las ganancias ocasionales; así como el gravamen a los movimientos financieros y los aportes parafiscales, que en conjunto superan 4% y amplían los impuestos de las empresas.
Mientras el Gobierno acelera el recaudo para atender la emergencia, el sector empresarial advierte que la mayor carga tributaria llega en un momento de alta presión financiera.
A este panorama se suma un calendario tributario exigente para las compañías catalogadas como grandes contribuyentes, con varias obligaciones en el primer semestre del año.
El pago de la primera cuota se realizó en febrero, entre el 10 y el 23 de ese mes, según el último dígito del Número de Identificación Tributaria, NIT. Posteriormente, entre el 13 y el 24 de abril, presentaron la declaración y pagaron la segunda cuota. El proceso se completa en junio, cuando se paga la tercera cuota.
Las personas jurídicas que no están clasificadas como grandes contribuyentes siguen un calendario en dos etapas. La presentación de la declaración y el pago de la primera cuota se realizan en mayo, entre el 12 y el 26, según el último dígito del NIT. El cumplimiento de esta obligación finaliza en julio con el pago de la segunda cuota, cuyos vencimientos están fijados entre el 9 y el 23 de ese mes.
Los gremios más importantes del país han alertado sobre la inviabilidad del impuesto al patrimonio para personas jurídicas. Fenalco, AmCham, la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas, ACP, y Andesco aseguran que el plan de recaudo afectaría la sostenibilidad de las empresas.
Además, las 1.000 compañías más grandes del país podrían asumir un costo fiscal de hasta $9,9 billones. En el sector de los hidrocarburos, por ejemplo, el impuesto representaría un valor equivalente a 50% de la inversión en exploración prevista para 2025.
El prestador solo podrá cobrar las inversiones que realiza año a año y entra en operación aunque está sujeto a sufrir ajustes
La Contraloría también apuntó que se podrían generar impactos en la financiación en tanto que en algunos de los decretos emitidos se ordena la reorientación de recurso
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