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Germán Corcho Tróchez - gcorcho@larepublica.com.co

Parte de la presunta corrupción en la contratación de las Fuerzas Armadas y que revela el informe periodístico publicado hace dos días por la Revista Semana, ha sido denunciada desde el año pasado por la Red de Veedurías Ciudadanas de Colombia.

“Se ha notado un rasgo característico y es la laxitud de los órganos de control y judiciales. Hemos aportado evidencias concretas que llevarían a sanciones, en cuya espera nos hayamos”, aseguró a LR el presidente de la organización, Pablo Bustos Sánchez.

Uno de los casos puestos en conocimiento del Ministerio de Defensa Nacional, la dirección de la Escuela de Ingenieros del Ejército y la Procuraduría General de la Nación, fue el contrato de compraventa 1073 de 2012 para adquirir 59.652 gafas antifragmentación para día y noche. Los lentes fueron más de 118.000.

Según Bustos, en marzo de 2013 informó a dichas autoridades de las anomalías, empezando porque “la extraña empresa china” que ganó el negocio, recibió de manera ilegal un anticipo de 50% del total de $5.666 millones. “Las gafas tenían sobre costos, no reunían las especificaciones técnicas, pero esto no fue atendido”, afirma.

Con base en conceptos técnicos de laboratorios y una investigación en el mercado, la Red de Veedurías concluyó que los protectores visuales no valían ni la mitad del precio ofertado. Es decir, habrían sido compradas en el exterior a un precio inferior al ofertado, “más del doble”, a la Fuerza Pública.

Una cantidad menor de elementos fue entregado con la mitad del dinero que estaba pendiente. Bustos sostiene que este proceso “se hizo rápido”, ante sus quejas por irregularidades. “Del mismo Ejército nos informaron que unas 400 gafas fueron devueltas por no tener resistencia a las torceduras, rayones y demás”, recuerda el veedor.

Las denuncias de la Red de Veedurías no solo han tocado las puertas del Ejército. De acuerdo a su presidente: la Policía, la Fuerza Aérea y la Armada. Incluso, el Hospital Militar.

“Ninguna se ha escapado de estas prácticas de corrupción. Existe un direccionamiento de los contratos, por cuenta de una ausencia real de comités de evaluación y riesgos, toda vez que quienes los conforman son subalternos de los generales”, explica Bustos Sánchez.

Las deficiencias de transparencia administrativa en los mencionados organismos de seguridad se ahondan por las restricciones para el acceso de información y la poca publicidad que tienen, aunque entidades como la Policía (gasto general) y el Ejército sumen más de $14.000 millones en presupuesto de este año. “Debe investigarse por enriquecimiento ilícito a oficiales que han estado al frente de esos procesos, incluidas las subastas en la bolsa mercantil”, pide Bustos.

La historia reciente del Ejército está llena de escándalos
La presunta corrupción en la contratación del Ejército no es el único escándalo en la historia del órgano militar. Quizás el más grave, por sus implicaciones y la repercusión militar, fueron las ejecuciones extrajudiciales o ‘falsos positivos’ de civiles que eran presentados como subversivos abatidos en combate. Aunque no es el único. Ya han sido conocidas las condenas a oficiales y suboficiales por vínculos con paramilitares y complicidades en delitos cometidos por estos, como la sentencia de 25 años de prisión al general (r) Rito Alejo del Río, por el asesinato de un líder chocoano a manos de miembros de Autodefensas.