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INDUSTRIA

Las cinco tareas que le puso el Consejo Privado de Competitividad al Gobierno

viernes, 2 de noviembre de 2018

Recomendaciones se tendrán en cuenta en el Plan Nacional de Desarrollo

Laura Lucía Becerra Elejalde

Cada año, el Consejo Privado de Competitividad (CPC) presenta un Informe Nacional al gobierno con una serie de estrategias que recomiendan revisar para la elaboración de las políticas públicas. Ayer, se presentó la nueva versión del documento para el periodo 2018-2019.

Rosario Córdoba, presidente del CPC, enfatizó en cinco acciones clave en las que debe trabajar el Gobierno y que deberían contemplarse en el nuevo Plan Nacional de Desarrollo con el fin de impulsar la competitividad nacional.

El primer punto tiene que ver con la regulación. En esto, Córdoba resaltó que el exceso normativo representa un costo para la actividad privada, por lo que “la mejora de la agenda regulatoria es una prioridad en la agenda de eficiencia del Estado”. En ese sentido, propone que se establezca como entidad única de coordinación y supervisión regulatoria al Departamento Nacional de Planeación (DNP) y que se revisen las normativas vigentes.

El segundo punto tiene que ver con la mejora el sistema de transporte de carga. El CPC considera que el modelo actual es complejo y genera múltiples interpretaciones, lo que hace necesario establecer una política de transporte intermodal y un cronograma para su ejecución.

La modernización de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) es otra de las tareas que le pone el CPC al Gobierno, de modo que se pueda reducir la alta evasión, que según la entidad, fue de 39% en renta y 23% en IVA en 2017.

Para ello, recomiendan aprobar e implementar el Conpes de modernización tecnológica que no se presentó en la administración pasada.

LOS CONTRASTES

  • Rosario CórdobaPresidente del Consejo Privado de Competitividad

    “El reto estructural más importante del país es aumentar la productividad, solo en esta línea lograremos un crecimiento mayor”.

En cuanto a formalización laboral, según Córdoba, se hace necesario “reducir los costos laborales no salariales asociados a la contratación formal”; sustituir costos que aún son asumidos por los empleadores. También se recomienda incluir en el Presupuesto General la financiación de las cajas de compensación, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) y el Sena.

Finalmente, el informe propone acoger medidas para facilitar el comercio exterior, de modo que se logren reducir los tiempos de importación y exportaciones, para lo cual se requiere acelerar la implementación del nuevo estatuto aduanero.

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