Las 10 peticiones insólitas que han surgido en los paros

Aunque los protestantes de los diferentes sectores económicos tienen en la lista de peticiones puntos concretos que datan de tiempo atrás, no ha escapado de esta agenda unas solicitudes ‘extras’ que sobrepasan la capacidad del Estado y de los patronos, en el caso de Cerrejón.

A los cafeteros se le unieron los transportadores y cacaoteros que por medio de movilizaciones, pretendían ver ceder a Juan Manuel Santos y su gabinete ante sus exigencias, muchas de ellas excéntricas e inviables.

Aunque su impacto no es menor y ha logrado acaparar la agenda presidencial y de las carteras ministeriales, los funcionarios a cargo han sido enfáticos en decir que muchas de las solicitudes no se ajustan a la capacidad fiscal de la Nación.

Lo cierto es que los más de 50.000 caficultores que se han negado al levantamiento del paro, que hoy completa su décimo día, pusieron sobre la mesa la necesidad de la renuncia del ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo y la del gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, Luis Genaro Muñoz antes de sentarse a negociar.

A este último, los caficultores lo calificaron como un amañado del Gobierno y señalaron no sentirse representados por el directivo por no haber podido transmitir el sentir de las familias que viven de la producción del grano.

En este orden de ideas han pedido adelantar las elecciones cafeteras para elegir nuevos directivos en comités departamentales y municipales y los delegados al Congreso Nacional Cafetero, lo cual deja al descubierto una clara crisis en la institucionalidad.

Pero sus peticiones evidentemente fueron más allá y a la solicitud de un precio de sustentación de $800.000 y control a la revaluación, se sumaron la condonación de deudas que ascienden $1,3 billones en Finagro y la prohibición de las importaciones de café.

Al clamor de estas peticiones se unieron los cacaoteros quienes pidieron también el alivio de sus deudas que superan los $140.000 millones y la reducción de las importaciones de cacao en un nivel máximo, con el fin de que los productores nacionales tuvieran mejores rentabilidades. Si bien el Gobierno llegó a un acuerdo con los productores, en vez de esto, otorgó fondos y subsidios para impulsar la cadena de valor.

Para el presidente del Banco Agrario, Francisco Estupiñán, lo que sucede es que siempre se aprovechan de este tipo de condiciones para pedir lo divino y lo humano, cosas que no están al alcance de ninguna autoridad para poder solucionar. “No todo puede ser a punta de subsidios, cualquier negocio que esté agarrado a punta de subsidio es un negocio que pierde plata”, sostuvo.

Los transportadores y trabajadores de la mina de Cerrejón, que también alzaron sus voces a través de protestas, no se quedaron atrás, y sacaron sus ases bajo la manga para hacer sus exigencias.

Finiquitar la vigencia de la póliza por la que deben responder los transportadores por no chatarrizar los vehículos, eliminar el cobro de los peajes en las vías que no estén terminadas y una reducción de $2.000 en el precio del Acpm, formaban parte de las solicitudes de los protestantes del gremio transportador. Tan solo la reducción de $2.000 al Acpm le costaría al país $5,8 billones, según la ministra de Transporte, Cecilia Álvarez. “Esa reducción del precio del combustible que pide el sector transportador, la tendría que asumir el Gobierno Nacional a través del presupuesto del Instituto Nacional de Vías, Invías y la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, el cual representa casi un punto del PIB nacional” afirmó la funcionaria

La situación en Cerrejón no ha sido menor. De hecho se ha tornado cada vez más tensa debido a que durante los 20 días de paro, se ha evidenciado una avalancha creciente de condiciones que empezaron con la exigencia de un aumento salarial de 11%, pensión anticipada por actividad de alto riesgo (entre 50 y 55 años), gratuidad en la educación superior para todos los hijos de los trabajadores, hasta la renovación de la flota de buses para transporte de los colaboradores y cubrimiento absoluto del costo del plan complementario de salud.

Ante esto, Eduardo Sarmiento, de la Escuela de Ingeniería Julio Garavito, señaló que el Gobierno se equivocó con su política económica que ha propiciado una inconformidad generalizada en los diferentes sectores.

Las opiniones

Eduardo Sarmiento
Director de investigaciones económicas de la Escuela Julio Garavito
“Estamos ante la equivocación y fracaso de la política económica del Gobierno Nacional que ha generado una inconformidad generalizada en los sectores que están crisis”.

Cecilia Álvarez
Ministra de Transporte
“La reducción en el precio del combustible que pedía el sector transportador le costaría al país la suma de $5,8 billones y tendría que ser asumido por Invías y la ANI”.

Francisco Estupiñán
Presidente del Banco Agrario
“No todo puede ser solucionado a punta de subsidios, cualquier negocio que esté agarrado de subsidios es un negocio que definitivamente pierde plata”.