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El Ministerio de Minas y Energía expidió el Decreto 0929, con el que busca modernizar el sector eléctrico para mejorar el servicio
En las marchas en pro de las reformas del pasado miércoles 7 de junio, el Presidente anunció que si hará una reforma al sector de servicios públicos, que se presentará en el segundo semestre del año. El Ministerio de Minas y Energía expidió el Decreto 0929, con el que busca modernizar el sector eléctrico.
A este decreto se suma la reforma a las leyes 142 y 143. El superintendente de Servicios, Dagoberto Quiroga dijo que “estamos construyendo el proyecto de reforma a la Ley; estamos consultando con organizaciones, entidades del sector, el Ministerio de Ambiente, Ministerio de Vivienda, dándole participación a organizaciones de usuarios para que hagan sus aportes”.
El funcionario citó a Petro y resaltó “el presidente ha dicho que, en primer lugar, vamos a tener en cuenta lo esencial, que es la universalidad y el derecho a un mínimo vital”.
Y con esto vienen ajustes normativos “para mejorar algunas normas limitantes, que además la Corte Constitucional ha ordenado mediante acciones de tutela para tener en cuenta a los usuarios. Esto no quiere decir que vayamos a cambiar toda la ley, sino unas propuestas que van encaminadas a beneficiar a los usuarios”.
El proyecto espera estar listo pronto. “Aspiramos a tener listo el proyecto de ley muy pronto. Nosotros venimos hablando con algunos legisladores que tienen algunas propuestas, incluso en el Congreso se están adelantando algunos proyectos aislados, pero queremos unificar en un solo proyecto y estimular las comunidades energéticas”.
Recién se posesionó el Gobierno de Gustavo Petro, se implementó el Pacto por la Justicia Tarifaria, un acuerdo de más de 80 empresas de la cadena de energía para mitigar la tendencia alcista en las tarifas de este servicio. Intención que no frena y que hoy va en una segunda fase.
Referente al nuevo decreto para el sector eléctrico, Quiroga dijo a este Diario que se reunió recientemente con el Presidente y la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, así como con la Comisión, “hace 15 días nos reunimos con la Creg, donde se instó en que procediera inmediatamente a las regulaciones que debe expedir para que el decreto se materialice en resoluciones de la Creg. Creo que en unos tres meses puede estar saliendo”.
La intención del Presidente llegó hasta sacar un decreto en el que asumía funciones generales de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), decisión que fue cuestionada por los gremios del sector y llegó al punto de que el Consejo de Estado suspendiera la decisión.
El Decreto 0929 le da los lineamientos a la Creg para crear las normas que permitan aumentar la eficiencia económica del sector, es decir, la Comisión será la encargada de expedir esa normatividad bajo los objetivos que dicta el Decreto.
Gremios como la Asociación Nacional de Servicios Públicos (Andesco) y la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg) ven con optimismo el regreso a la institucionalidad y resaltan que se acogieron las sugerencias de los sectores.
Camilo Sánchez, presidente de Andesco, dijo que “el Gobierno y el Presidente entendieron que las decisiones deben seguir siendo técnicas y no políticas; se mantiene la Creg como la institucionalidad y lo técnico de donde debe partir toda la reglamentación. Es muy importante este paso”.
En segundo lugar, el directivo del gremio dijo que se debe nombrar en propiedad a los expertos de la Creg, “porque ahora se viene un momento crítico donde necesitamos un ente independiente y técnico para agilizar los procesos. Aquí no se tomaron decisiones de precios ni facturaciones, eso es importante”.
“El Superintendente de Servicios va a ser quien presente en sociedad la modificación de la Ley. El decreto es importante en el sentido en que el Presidente no fue terco”.
Alejandro Castañeda, presidente de Andeg, resaltó que “el decreto que salió recoge mucho de lo que la industria comentó, lo enmarca en una discusión institucional, a través de la Creg y, adicionalmente, se va a dar esa construcción de regulación”.
El ejecutivo también señaló que resultó siendo un decreto de lineamientos de política hacia la Comisión para priorizar algunos temas que el sector requería.
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