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En riesgo 120.000 barriles diarios de crudo por consultas según indicó la ACP

miércoles, 12 de julio de 2017
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Con los 23 municipios que tienen procesos de consultas populares contra el sector de hidrocarburos, se pone en riesgo la producción de cerca de 120.000 barriles de petróleo diarios y el futuro de al menos 14 proyectos de exploración. El impacto se vería también en los ingresos para la nación y en regalías, al igual que menos crecimiento del PIB.

Katherine Benítez Piñeros

El triunfo del no en Cumaral (Meta) y Arbeláez (Cundinamarca), la consulta programada para el próximo 6 de agosto en Pasca y otras 20 iniciativas que se están moviendo en ocho departamentos tienen en alerta al sector minero-energético.

Según explicó Francisco Lloreda, presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo (ACP), “si se adelantan las consultas en estos 21 municipios y se termina prohibiendo la actividad petrolera, habría una producción de 120.000 barriles de petróleo diarios menos y estarían amenazados 14 proyectos de exploración que están en camino”.

Pero, ¿qué significaría para el país esta caída en la producción de 120.000 barriles diarios de crudo en un año?

Según las cifras que maneja la ACP, habría $684.000 millones menos en ingresos para el Gobierno y para las regiones mediante regalías; 0,84 puntos menos de crecimiento para el PIB, y US$ 1.800 millones menos en exportaciones, lo que representa 6% de las ventas totales del país.

LOS CONTRASTES

  • Francisco LloredaPresidente de la ACP

    “Si se adelantan las consultas en estos 21 municipios y se termina prohibiendo la actividad (...) estarían amenazados 14 proyectos”.

Así mismo, Lloreda señaló que estas consultas constituyen un mal mensaje para los inversionistas que están actualmente en proyectos exploratorios o que piensan invertir en Colombia, dada la incertidumbre jurídica.

De hecho, Canacol Energy, afectada por la consulta en Arbeláez del domingo pasado manifestó, a través de un comunicado, que “la falta de estabilidad contractual en Colombia impacta directamente decisiones futuras de inversión de compañías en el sector extractivo, lo cual podría tener un impacto negativo en la inversión extranjera directa, regalías, impuestos, y generación de empleo para el Gobierno y los ciudadanos” .

De acuerdo con los estudios de competitividad que ha realizado el Ministerio de Minas y Energía y la ACP, Colombia necesita más de US$7.000 millones en inversión para incrementar la posibilidad de hallar nuevas reservas, según explicó Lloreda.

De hecho, para este año, el valor de la inversión que maneja la Asociación es de US$4.700 millones. “No sé cuánto han invertido, pero es muy probable que se dé el grueso de esa inversión porque 75% responde a compromisos contractuales con la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH). Así esa inversión se diera, es baja frente a la que el país necesita”, aseguró Lloreda.

En el radar de la ACP, los municipios en donde hay alerta de consultas son: Medina (Cundinamarca), Ortega (Tolima), Íquira (Huila), Paujil, Doncello, Morelia, Valparaíso, Montañita (Caquetá); Uribe, Guamal, Vistahermosa, Mesetas (Meta); Yopal, Aguazul, Támara, Paz de Ariporo, Monterrey (Casanare); San Vicente de Chucurí y El Carmen en Santander, y San Martín (en Cesar).

Ante este panorama, Lloreda señaló que el gremio está pendiente de la decisión que tomará el Gobierno para precisar las competencias de la nación, los departamentos y municipios en materia de hidrocarburos.

Desde el punto de vista del sector minero, “nosotros invertíamos entre US$2.500 millones y US$3.000 millones al año. Ahora es más la plata que se va de Colombia que la que se queda. Solo en inversión extranjera directa estaríamos perdiendo una cifra estimada de US$1.500 millones para este año en solo minería”, comentó Santiago Ángel, presidente de la Asociación Colombiana de Minería (ACM).

Precisamente, para Ángel, la mayor pérdida ha sido con la de Cajamarca (Tolima) el pasado 26 de marzo que trajo consigo la salida de Anglogold Ashanti del proyecto. Fuentes cercanas a la compañía surafricana manifestaron que la inversión en 2017 era de US$90 millones, pero luego de las consultas populares, bajó a US$34 millones.

Ángel también señaló la importancia de la creación de una ley que dé fin a la tensión entre el subsuelo como responsabilidad del Estado, y el suelo de los municipios.

Los acuerdos municipales, otro mecanismo

Además de las consultas populares, los acuerdos municipales en contra del sector minero-energético también están en aumento. Según cifras de la Asociación Colombiana de Minería (ACM), existen 17 acuerdos en todo el país. El departamento que más ha utilizado este mecanismo es Antioquia, puesto que en Andes, Ciudad Bolívar, Caramanta, La Pintada, Montebello, Tarso, Santa Bárbara, Jericó, Venecia, Pueblorrico, Támesis, Fredonia, Hispania y Titiribí hay estos acuerdos. Si se mira el resto del país, hay en Ibagué (Tolima) y Gachantivá en Boyacá.

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