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La Procuraduría General de la Nación solicitó a la Corte Constitucional que avale la Ley 1628 de 2013, mediante la cual se aprobó el acuerdo marco de la Alianza del Pacífico entre Colombia, México, Chile y Perú.
En su análisis, la Alianza del Pacífico, es un proceso abierto y flexible que pretende crear una plataforma de cooperación económica y política que impulse, entre otros, la circulación de bienes, servicios y capitales y, en consecuencia, es acorde con la Constitución.
El concepto de 13 páginas firmado por el procurador Alejandro Ordóñez, afirma que la participación de Colombia en esta Alianza se enmarca dentro del propósito de incrementar la presencia internacional, mediante acciones que permitan avanzar en temas como el tránsito migratorio, la promoción de las inversiones entre las partes y el intercambio comercial de bienes y servicios.
“Analizadas las cláusulas contenidas en el Convenio in examine, considera esta Vista Fiscal que al participar Colombia en este instrumento internacional que tiene como finalidad la integración, la concertación y la cooperación entre países, es coherente con los postulados del artículo 226 Superior, según el cual la internacionalización de las relaciones políticas, económicas, sociales y ecológicas del Estado se hará sobre bases de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional”, señala el Concepto.
A juicio de la Procuraduría, la Alianza del Pacífico es acorde al preámbulo de la Constitución por el impulso de la integración de la comunidad latinoamericana y con el artículo 227 que habla de la promoción de la integración económica, social y política con las demás naciones.
Sobre el trámite legislativo que se dio en el Congreso, que tuvo mensaje de urgencia por el Gobierno Nacional, la Procuraduría no halló ningún vicio ni violación al reglamento del Congreso ni de la Carta Política y por eso pidió su exequibilidad.
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