La "maldición" en la Alcaldía de Bogotá

La decisión de la Procuraduría General de la Nación de destituir e inhabilitar con 15 años al alcalde mayor, Gustavo Petro Urrego, por irregularidades que se presentaron al cambiar el esquema de aseo en la capital de la República, agrava la crisis por la que atraviesa desde hace años, el que muchos denominan el segundo cargo más alto del país.

La salida de Petro se suma a la de su inmediato antecesor Samuel Moreno, quien hoy permanece recluido -sin condena en firme- en prisión, por hechos de corrupción relacionados con la contratación de obras públicas de infraestructura y del manejo del sector de la salud. 

Antes de la actuación penal en su contra, Moreno también fue objeto de medidas disciplinarias por parte de la Procuraduría, aunque la primera de ellas fue de menor intensidad que la conocida hoy, pues se trató de una suspensión temporal del cargo. 

Según el jefe del Ministerio Público, Alejandro Ordóñez, Petro incurrió en tres faltas disciplinarias. Especificó que el destituido alcalde "de manera libre, consciente y voluntaria" tomó las decisiones sobre el nuevo modelo de basuras que terminaron en una grave emergencia los días 18, 19 y 20 de diciembre de 2012, fechas en las que se dejaron de recoger nueve toneladas de basuras. 

Ordóñez también afirmó que con la actuación de Gustavo Petro se vulneraron los derechos a la libre empresa, porque se impidió de manera deliberada que otros operadores, distintos al Distrito, recogieran los desechos, y calificó como de una "deliberada improvisación" la compra y alquiler de vehículos compactadores. Hizo énfasis en la utilización de volquetas para la recolección de basuras. 

El mandato anterior
Las sombras que se posan sobre la Alcaldía Mayor no son de ahora, como tampoco la intervención de la Procuraduría. 

El largo brazo del procurador Ordóñez también tocó a Samuel Moreno Rojas por las que consideró omisiones en la vigilancia de las obras públicas, esto por las coimas que habría recibido del llamado ‘carrusel de la contratación’. 

Este es, precisamente, el caso que llama la atención al compararlo con las sanción de 15 años que fue impuesta contra de Petro. Porque a pesar de lo que en su momento se conocía en esos casos de contratación, a Moreno el procurador sólo se lo suspendió de manera provisional, por tres meses. 

Esa decisión se adoptó el 2 de mayo de 2011; luego se fue extendiendo hasta la finalización del periodo para el que había sido elegido Moreno Rojas, quien para el último día del que debía ser su mandato en la Alcaldía, ya estaba privado de la libertad en la Escuela de Carabineros. 

El periodo lo terminó la hoy aspirante a la presidencia por el Polo Democrático, Clara López; antes de ella estuvo, designada por el presidente de la República, María Fernanda Campo, exministra de Educación. 

En junio del 2011, a seis meses de terminar el periodo para el que había sido elegido Moreno, Juan Manuel Santos nombró a Clara López como alcaldesa designada de Bogotá. 

En el caso de Moreno Rojas, tres fueron las faltas en las que el procurador Ordóñez cifró su decisión: la primera estuvo relacionada con la omisión de funciones que permitió que ocurrieran irregularidades relacionadas con las obras de la fase III de TransMilenio. La segunda habló de los atrasos en la construcción de TransMilenio por la Avenida El Dorado. Finalmente, dio cuenta de la omisión del deber del Distrito para asegurar la construcción de las obras por valorización que debía realizar el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU). 

Ruidos y más ruidos
Este de hoy no es el único ruido grave en lo que va corrido de la administración Petro. Los constantes cambios en el gabinete no ayudaron a la gobernabilidad. 

El primero en salir de la Alcaldía fue el entonces secretario de gobierno, Antonio Navarro Wolf, a quien le siguieron otros altos cargos, como Daniel García Peña y Eduardo Noriega. 

Otro flanco que no tuvo respiro fue el de la movilidad, el transporte y la infraestructura. Por el manejo de estos escenarios pasaron y dejaron sus cargos Carlos García y Fernando Rey, en la gerencia de TransMilenio; Ana Luisa Flechas, en la Secretaría de Movilidad, y María Fernanda Rojas, en la dirección del lDU. 

Si por estas oficinas llovía, por las distintas secretarias no escampaba. Fueron los casos de la Secretaría de Integración Social, en la que pasaron Consuelo Ahumada y Teresa Muñoz; la de Hábitat, en la que estuvo María Claudia Valencia, y en la de Ambiente, donde estuvo Margarita Flórez. Por la UAESP, pasó y salió Henry Romero. 

Otros funcionarios de poca duración fueron: Elegir Pinto, quien pasó por el IDRD; Guillermo Asprilla, dejo la secretaría de Gobierno, también por destitución de la Procuraduría. Y los cambios se dieron igualmente en instancias como la secretaría de Desarrollo Económico y el Fondo de Vigilancia y Seguridad.