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Hace un mes el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, confirmó la solicitud del registrador nacional Juan Carlos Galindo para realizar la consulta de refrendación de los acuerdos paz, con $350.000 millones, sin embargo, lo desembolsado por el Estado terminó en $280.000 millones.
El Ministerio de Hacienda aclaró en un comunicado que la Registraduría es un órgano independiente al Ejecutivo, pero que hay compromiso con su buen funcionamiento, y por ello los recursos se entregaron sin ningún contratiempo a excepción de que “la época de austeridad debe reflejarse en la votación de los acuerdos de La Habana, y se debían recortar $70.000 millones”.
El registrador Galindo dijo que con el dinero invertido “se espera que más del 50% del censo electoral ejerza su derecho al voto”. Los fondos terminan en la logística del día, impresiones de planillas electorales, distribución, equipos para entrega de jurados, 17.000 supernumerarios para la preparación administrativa antes, durante y después a la jornada de votaciones, y 3.800 funcionarios activos para el mantenimiento de la consulta por la paz.
En una entrevista que concedió al diario El Colombiano, Galindo destacó que no solo habrá observadores electorales de 29 países, sino que las condiciones de seguridad informática y de infraestructura están bajo control. "El esquema de seguridad de la información para el plebiscito 2016 maneja un aplicativo con mayores niveles de protección que la página web de la Registraduría, que entre otras cosas estará alojada en más de 150 servidores alrededor del mundo. El portal de la entidad ya fue migrada a esta red de servidores, y si hay algún inconveniente, hay contingencia que lo soporte”, dijo al medio impreso.
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