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En torno a la cumbre que comenzó el viernes, con una reunión en la Casa de Nariño, con la presencia de los ministros de Minas y Energía, el superintendente de Servicios y el presidente de la grupo español, Isidre Fainé, los mandatarios locales han hecho un llamado a que de esta reunión salgan resultados para evitar un apagón y garantizar la calidad del servicio.
Una de las voces que ha observado el tema de cerca es el presidente de la Federación Nacional de Departamentos, Amylkar Acosta, quien cree que la deuda de la compañía con el operador del mercado de energía, puede terminar el año en cerca de $100.000 millones, aun teniendo en cuenta los pagos parciales que la han salvado de la limitación de suministro.
Los gobernadores y alcaldes de la región también han insistido en que el paso obligatorio debe ser la intervención por parte de la Superservicios, aunque se cuestione también la capacidad del Gobierno para asumir la operación.
En el caso del alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, ha dicho que “si hay algo que tengo que decirles a todos es que si la empresa no pone la plata suficiente, que es más de $1 billón en obras específicas que mejoren toda la red del Caribe, en los próximos meses se va de aquí”.
Por su parte, los gobernadores del norte del país se declararon en asamblea permanente, llevando sus preocupaciones a Electricaribe y al Gobierno.
El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, ha expresado que “somos nosotros los dolientes, junto con todos los habitantes del Caribe, de todo lo que está sucediendo con la energía eléctrica y hoy le hemos dado un voto de confianza a los negociadores del Gobierno y confiamos que el próximo martes habrá una solución para todo esto”.
Verano de la Rosa lamentó que “estamos trabajando con redes al tope y con una demanda de energía creciente, además, solo se ha invertido 20% de los recursos que exige el Plan5Caribe, por eso, las medidas a tomar no dan espera”.
El próximo martes Electricaribe debe cumplir ante XM garantías por cerca de $40.000 para evitar la orden para limitar el servicio por tres horas al día.
De hacerlo, esto sería, aunque legal en la Constitución, una medida sin antecedentes desde que se promulgó la carta magna hace más de tres décadas en el país
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