La Contraloría activa especial seguimiento a recursos de la emergencia económica

La Contraloría General activó un mecanismo de especial seguimiento a la gestión fiscal de la Unidad del Riesgo de Desastres, Ungrd, y a los recursos destinados a atender la emergencia económica provocada por lluvias.

Esta medida busca garantizar que las ayudas humanitarias y los fondos públicos se ejecuten de manera oportuna, transparente y eficaz, en medio del incremento de denuncias ciudadanas sobre posibles fallas en la atención.

Con corte a 6 de febrero, se han registrado 293 eventos asociados a la temporada invernal en 24 departamentos y 188 municipios. Además, las fuertes precipitaciones han dejado cerca de 209.839 personas afectadas, equivalentes a 51.979 familias, además de 26 fallecidos, nueve heridos y tres desaparecidos.

A pesar que la situación es de alcance nacional, las cifras evidencian una concentración crítica de daños en el departamento de Córdoba, donde el impacto ha sido severo.

Tanto así que, de las 4.597 viviendas destruidas en todo el país, 4.298 se ubican en ese departamento, al que se suman 4.023 casas afectadas, cinco personas fallecidas, tres heridas y dos desaparecidas. Además, se mantiene alerta roja en el Embalse de Urrá, lo que aumenta la preocupación por posibles nuevas emergencias.

El especial seguimiento activado por el ente de control consiste en un monitoreo continuo y sistemático de la ejecución de los recursos públicos asignados para la atención de desastres. Esto incluye la recolección permanente de información, la verificación del cumplimiento de objetivos y la comparación entre los resultados esperados y el avance real de las acciones.

Dentro de las primeras medidas, la Contraloría solicitó información formal sobre el Plan de Acción Específico diseñado para atender la emergencia y coordina con comités territoriales, personeros y veedurías ciudadanas para verificar en terreno la entrega de ayudas y la contratación de obras.

El organismo también identificó desafíos en la atención, entre ellos la falta de coordinación entre municipios, departamentos y la Ungrd, así como retrasos en la entrega de ayudas humanitarias en algunos sectores.

En materia financiera, el monitoreo revela que el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo cuenta para 2026 con $1,69 billones disponibles, además de reservas presupuestales cercanas a $1 billón correspondientes a 2025, recursos que podrían utilizarse de forma inmediata en la porción no comprometida.

La Contraloría también anunció que vigilará el paquete de medidas tributarias asociado al nuevo decreto de emergencia, advirtiendo que cada peso recaudado deberá destinarse exclusivamente a la atención de la crisis.

El ente de control recordó que ya había emitido una advertencia en 2023 por la baja ejecución de recursos asignados a la Ungrd mediante el Decreto 2113 de 2022 y que entre 2024 y 2025 realizó 59 requerimientos formales para hacer seguimiento a su gestión.

Además, mantiene procesos de responsabilidad fiscal en curso relacionados con emergencias invernales en distintas regiones del país, que suman montos superiores a $62.000 millones.