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De igual manera, el líder gremial sostuvo que si la compañía estaba en condiciones de quiebra no era tarea del Estado salvarla, como tampoco ser responsable de esta.
"El Estado tiene el deber constitucional de garantizar el servicio. Serían absurdas las pretensiones de que el Estado indemnizara a los accionistas por la liquidación”, afirmó Mac Master.
Además, también resaltó la seriedad del proceso de investigación e intervención que se adelantó por parte de la Superintendencia y el Ministerio de Minas y Energía, aunque también pidió que se le diera una "solución estructural" al problema que se presenta por las deficiencias en la prestación del servicio en la región.
En relación con lo que viene, el presidente de la Andi afirmó que los empresarios de la región esperan que la etapa de selección que se iniciará sea lo suficientemente amplia y participativa, de manera que la variedad de ofertas permita a todos los usuarios tener un buen servicio.
“La recomendación del empresariado para que pueda ser conocido lo antes posible el proceso de estructuración de la solución futura para el sistema de la región, el cual estaremos atentos a comentar”.
((Lea:Superservicios anunció la liquidación de Electricaribe))
El alto tribunal detalló que hay dudas sobre los hechos sobrevinientes con los que el Ejecutivo argumentó la expedición del Decreto 1390 de 2025
Implicaría una desaceleración de 0,4 pps. vs. 2025, cuando cerró en 6,4% del PIB, y un tercer año al hilo arriba del umbral de 6%
Del lado de las actividades industriales, la fabricación de maquinaria y equipo sufrió el mayor retroceso en enero con -10,6%
