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Se trata de dos casas, un local y un vehículo, los cuales pasaron a ser administrados por la Dirección Nacional de Estupefacientes. Las propiedades están ubicadas en las ciudades de Barranquilla, Valledupar, Riohacha y Maicao.
Según informó el ente acusador, los bienes están avaluados en $3.000 millones, y estaban registrados a nombre de Anaís Enrique Miranda Daza y Yaneth Estella Charris Ruiz, quienes habrían participado en las defraudaciones referentes en el manejo de las devoluciones de impuestos (IVA).
Según la investigación de la Fiscalía, se multiplicaron las cifras de devoluciones del IVA sin existir indicadores económicos que lo respaldaran.
La suspensión va a partir de la fecha de publicación de la resolución, 7 de enero de 2025, hasta el próximo 20 de enero de 2025
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